Se aproxima el momento de renegociar el préstamo acordado por Macri en 2018. El FMI pide políticas que aseguren su repago. El caso de Ecuador puede darnos algunas pistas sobre lo que vendrá para la Argentina.
Por Pablo Menéndez Portela
En el contexto de la fuerte depresión económica global derivada de la pandemia, el FMI viene ejecutando un giro en sus recomendaciones de política económica. Las últimas declaraciones públicas de su Directora Gerente, Kristalina Georgieva, y de sus principales funcionarios, dan cuenta de la inconveniencia de ajustar el gasto público en un contexto de recesión.
El FMI también se encarga en el documento de identificar algunos problemas que esta política podría enfrentar. Entre estos señala varios que pueden ser muy relevantes para la economía argentina. Si la deuda pública es demasiado alta y existe una fuerte incertidumbre acerca de su financiación, la política podría no ser efectiva. Si bien el Gobierno Nacional cerró un acuerdo con los acreedores externos, es aquí el propio FMI el acreedor más importante con el cual está pendiente la renegociación de deuda.
Otro punto que puede hacer naufragar esta política es la incertidumbre sobre la trayectoria del COVID-19 en el país. Si el número de casos afectados por este coronavirus en la Argentina no cede, esto puede hacer necesaria la continuidad de políticas de asistencia a sectores afectados, lo que pondría en tela de juicio el déficit fiscal de 4,5%, comprometido por el Gobierno Nacional en su proyecto de presupuesto para 2021. Esto explica por qué, incluso en un escenario en el que se llegue a un acuerdo de deuda con el FMI, la financiación del déficit fiscal esperado para 2021 sigue siendo motivo de preocupación. Una mejora en la situación sanitaria es clave para lograr un rebote sustancial en la economía.
Más allá de las recomendaciones de política que el Fondo pueda hacer, sabemos por experiencia histórica que el organismo incluye “condicionalidades” en sus acuerdos con países miembro, y el caso de la Argentina en 2020/2021 no será la excepción. Estas exigencias se orientaron en las últimas décadas más hacia la ortodoxia, con metas de reducción del déficit fiscal a través de rebajas de gasto público, lo cual entra en directa contradicción con los últimos postulados del organismo.
¿Qué le pedirá el FMI a la Argentina para asegurarse el repago de la deuda?
De acuerdo con las declaraciones de sus funcionarios, el FMI buscará mejorar la situación fiscal a través de un aumento en la recaudación impositiva, lo que se lograría no solamente con incrementos de impuestos sino también con una mayor eficiencia a la hora de cobrarlos, disminuyendo la evasión fiscal. En teoría, el FMI apoya la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Es decir, las grandes fortunas y aquellas empresas que salen fortalecidas en este contexto de pandemia deberían hacer su aporte para que el Estado pueda financiar el sostenimiento de la demanda global.
Sin embargo, a la hora de analizar la letra chica de los acuerdos, encontramos que las exigencias del organismo difieren netamente de lo declamado por sus principales referentes. Ecuador negoció en octubre de este año un programa con el Fondo que es elocuente a la hora de analizar los requisitos para acceder a nuevos fondos, o una postergación de vencimientos. Los compromisos incluidos en el Programa Excepcional con el FMI, por el cual se concedió a Ecuador un crédito por u$s6.500 millones, incluyen numerosos aumentos impositivos que apuntan fundamentalmente a los sectores más vulnerables y la clase media. Entre ellos se incluye:
- un aumento en la alícuota de IVA, el cual generará un impacto directo al consumo;
- un aumento en la base imponible del Impuesto a las Ganancias, de manera que abarque los aguinaldos (que en Ecuador son 2 por año y estaban exentos);
- la creación de impuestos extra a los combustibles y las telecomunicaciones (hasta hoy gravados únicamente con IVA).
¿Y el declamado impacto en las empresas rentables y los sectores más pudientes? El análisis del documento firmado por las autoridades del FMI y del Gobierno ecuatoriano muestra algunas medidas, como un aumento del Impuesto a las Ganancias de las empresas, o la creación de un impuesto ambiental. Sin embargo, el propio documento nos muestra que el impacto de estas medidas no alcanzaría al 15% de la recaudación adicional necesaria para cubrir la brecha fiscal requerida. La conclusión es clara: el préstamo del FMI a Ecuador será pagado mayoritariamente por los sectores vulnerables, a través del IVA, y por los trabajadores formales, vía un mayor pago de Impuesto a las Ganancias.
La Argentina debería verse en el espejo de Ecuador a la hora de negociar con el Fondo. El Gobierno Nacional ya ha dado algunos pasos en pos de aumentar su recaudación enviando al Congreso su proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas.
Sin embargo, su alcance limitado a la emergencia de la pandemia nos muestra que este no puede ser la base del aumento en la recaudación tributaria que el Fondo exigirá. El desafío entonces, será proponer una reforma tributaria que se diferencie claramente del camino seguido por Ecuador, evitando impactar a los sectores más vulnerables, manteniendo los incentivos a los sectores generadores de trabajo y divisas y aportando certidumbre a la reducción del déficit fiscal. Una trifecta que representará un enorme desafío para el equipo económico liderado por Guzmán.
(*) Economista del Centro de Estudios Atenea, docente de Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.
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