Los números evidencian que los porcentajes de crecimiento más altos coinciden con las modalidades de ocupación más precarias. Es decir trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales o relaciones de dependencia encubierta y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización.
Como contrapartida, los asalariados privados crecieron desde diciembre de 2015 a la fecha tan sólo un 0,7%. Esta es la categoría ocupacional que más peso tiene en el total de trabajadores registrados. En números absolutos, el crecimiento representa un aumento total de 42.833 puestos de trabajo.
Respecto a los sectores de actividad, uno de los más perjudicados fue la industria manufacturera, que registró una baja del 4,9% desde diciembre de 2015 a enero de 2018, lo que implicó la pérdida de más de 61.000 puestos de trabajo.
Otro punto que marca el deterioro según Atenea es el de la informalidad laboral, que incluye a aquellos trabajadores que se encuentran completamente por fuera de los marcos reglamentarios y sin aportes a la Seguridad Social.
Según el INDEC, la informalidad laboral escaló a 34,2% para el último trimestre del 2017, lo que implica un 0,6 % más que el último trimestre del año 2016. «En algunos sectores, esta situación es aún más preocupante: en la construcción existe una tasa de no registro del 67,8%, en el sector comercio una tasa del 42,6% y en hotelería y turismo del 44,6%», indican.
Por último, desde el Centros de Estudios indican que una herramienta fundamental para combatir el empleo no registrado es el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), destinado a la incorporación de los trabajadores no registrados al Sistema de la Seguridad Social. En 2017, dicho programa redujo la partida en términos reales un 32% (considerando la inflación de 2017), y para este año aumentó su presupuesto solo un 6%.
«Ante un mercado de trabajo cada vez más desigual, el Estado debe fortalecer las herramientas que intervienen en el mismo para revertir esta situación. La reducción de las intervenciones del Estado trae aparejadas consecuencias como el crecimiento de la informalidad y de la precariedad laboral», concluye el informe.
