Ámbito: «La problemática del hambre y el derecho a comer en el granero del mundo»

 No resulta difícil encontrar en cualquier charla de café -incluso en programas periodísticos y de discusión política- frases como “Argentina es el granero del mundo” o “producimos alimentos para 400 millones de personas”. Son dichos recurrentes especialmente cuando sectores como el campo aumentan su productividad año tras año.

Sin embargo, cuando observamos los números del INDEC para el primer semestre en torno a la indigencia nos vamos a encontrar con que más de 3 millones y medio de personas no poseen los ingresos mínimos necesarios para alimentarse correctamente. Es decir, que más de 7,5% de las personas que habitan el país se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

En este contexto, las políticas públicas orientadas hacia la protección social cobran una importancia mayúscula, principalmente considerando que tantos los y las menores como los y las jóvenes se encuentran en una situación aún peor. Más de la mitad de los chicos y las chicas son pobres y un tercio no llegan a tener las comidas básicas diarias. Los comedores están desbordados y tratan de hacer lo que pueden con lo poco que tienen.

Según los datos generados desde el Centro de Estudios Atenea en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del segundo trimestre de 2019, se observa que los y las jóvenes que viven en hogares pobres reciben un ingreso promedio de $18.000 mensuales siendo en muchos casos jefe de hogar o aportando un porcentaje significativo del ingreso total del hogar. Pero esto solo es uno de los aspectos de la situación precaria de estos sectores dado que para afrontar las necesidades económicas dichos jóvenes deben abandonar el sistema educativo.

El 10% de los y las adolescentes, entre 16 y 17 años, no asiste al colegio mientras que en los hogares pobres aquellos jóvenes entre 18 y 29 años que no lograron finalizar el secundario alcanzan el 50%.

Es así que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se presenta como una de las herramientas principales, pero no la única, para abordar la problemática del hambre en la sociedad y principalmente en los hijos y las hijas de aquellas personas desocupadas, que poseen empleos no registrados o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. La AUH buscó expandir las asignaciones familiares y la protección social a un sector tradicionalmente excluido.

El nuevo Gobierno anunció que el monto de la AUH en el mes de marzo aumentará un 13% alcanzando los $3.102, que se suman a la ayuda escolar de $2.300 por única vez en el año. Pero dichas políticas no puede ser la única estrategia para esto. Es así que se lanzó la Tarjeta Alimentaria orientada a aquellas personas que cobren la AUH con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, personas que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Esto con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y destinada exclusivamente a la compra de alimentos, favoreciendo así la independencia y sobre todo, la dignidad de poder decidir qué alimentos llevar a su mesa.

El monto con el que contarán las tarjetas es de entre $4.000 y $6.000 mensuales para comprar todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas.

Por otro lado, se promovió el congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y transporte por 180 días con el fin de renegociar un nuevo esquema de tarifas integrales para el sector energético que no impacten en un sector de la población que ya no se encuentra en condiciones de afrontar. A esto se suma que el relanzamiento del programa de Precios Cuidados con 311 productos de diversos rubros con el que aspira a reactivar los valores de referencia sobre los productos de mayor consumo en los hogares y se espera una reducción de los precios en un 8% en promedio.

En este marco, se vuelve urgente resolver lo básico, lo imprescindible. Es necesario poder garantizar el derecho a la alimentación, especialmente en los y las jóvenes, logrando que sean accesibles los productos de la canasta básica.

Necesitamos impulsar una nueva estrategia de intervención frente a esta problemática que actúe en primer lugar poniendo un piso a la caída social y en segundo pensando a mediano y largo plazo en un modelo de desarrollo igualitario. Las políticas implementadas por el actual Gobierno, si bien pueden ser consideradas coyunturales, resultan necesarias para dar respuesta a lo urgente. La posibilidad de comer tiene que ser un derecho indiscutible, la alimentación tiene que ser barata porque “somos un país que produce alimentos para 440 millones de personas”. Una vez tratada la problemática del hambre, nos debemos un debate profundo sobre la forma de afrontar la problemática de la pobreza y sus múltiples dimensiones.