No solo se trata de resolver las urgencias como la deuda o el rebrote inflacionario, sino también recuperar la economía argentina y promover mejores condiciones salariales y de protección social.

Por Pablo Menéndez Portela y Jazmín Castaño.

El presidente Alberto Fernández, en una definición de la política económica que llevará adelante, manifestó que buscará “encender la economía para poner a la Argentina de pie”. Ello supone frenar la crisis económica y volver a crecer.

La nueva coalición de gobierno deberá también atender los problemas estructurales de la economía y el mercado de trabajo. Para ello, se ha propuesto la conformación de un nuevo “contrato social” que revalorice el rol del trabajo, que integre empresarios industriales, productores rurales, sindicatos y movimientos sociales en la construcción de un camino distinto, incorporando las nuevas demandas urgentes: la perspectiva de la igualdad de género con foco en la economía del cuidado y la inclusión de los sectores de la economía popular mediante la promoción del trabajo cooperativo.

Este diálogo propone volver a poner al país en el camino de la producción y el empleo, frente a los niveles de desempleo, caída del salario real y pobreza que produjo el modelo económico implementado por Cambiemos. El Centro Atenea ha monitoreado la evolución del mercado laboral argentino durante los últimos años. La desindustrialización fue brutal, a tal punto que en el sector se destruyeron más de 150 mil empleos desde diciembre de 2015, según datos oficiales del recuperado Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo que representa el 70% de la caída del empleo privado formal en dicho período.

En cuanto a las medidas urgentes, la expectativa es que tiendan a “poner plata en el bolsillo de la gente”, en palabras del presidente Fernández, lo que indica que será el consumo el que genere un shock inicial que ponga a la economía en funcionamiento. Este plan se apoya en la premisa de que este aumento de poder adquisitivo se trasladará a mayor consumo de forma inmediata, tras 4 años en que los salarios y el haber mínimo jubilatorio perdieron 20% de su valor en términos reales.

Se espera por ello un repunte derivado de esta recuperación de la producción para traccionar el empleo asalariado a nivel nacional. El aumento del consumo deberá parar la hemorragia, no solamente en la cantidad de puestos de trabajo, sino también en el cierre de empresas pequeñas y medianas, que promedió 100 cierres diarios durante 2019.

En su discurso de asunción, Fernández planteó que durante su gobierno “los únicos privilegiados serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación”. Sin embargo, el nuevo gobierno enfrenta numerosas restricciones: altos niveles de inflación, dolarización de los precios de los servicios públicas y altos vencimientos de deuda que han dejado al país en “virtual default”.

El nivel de inflación es un tema de preocupación desde el inicio mismo del mandato: habiendo heredado un porcentaje anual por encima del 50%, y una inflación inercial que se ubica en el orden de entre 3% y 4%. El equipo económico se abocará a la tarea de evitar que el shock a salarios y jubilaciones se diluya en aumentos de precios, enfocándose en acuerdos de precios con los principales productores de bienes de la canasta básica. Se espera que el sector productor de alimentos y bebidas, con una utilización de apenas el 62% de su capacidad instalada, incremente su nivel de producción y que el consumo sea el inicio de una reactivación económica.

Para finalizar, el frente externo es el problema más urgente que tendrá que enfrentar Fernández, a tal punto que su negociación condicionará la elaboración del presupuesto 2020. Las necesidades financieras el año que viene alcanzarán los u$s50.000 millones, entre capital e intereses de deuda, y de estas casi el 70% vencen en los primeros 6 meses del año. Las expectativas recaen sobre el rol del ministro Martin Guzmán, quien encaminará una negociación de muy corto plazo con los acreedores privados con el objetivo de poder financiar la mejora del poder adquisitivo que logre el repunte buscado en las variables económicas.

En síntesis, los desafíos del nuevo gobierno para 2020 son mayúsculos. No solo se trata de resolver rápidamente las urgencias que impone la agenda, como la deuda o el rebrote inflacionario, sino también generar las condiciones que permitan recuperar la economía argentina y promover mejores condiciones salariales y de protección social para los más de 16 millones de argentinos y argentinas que se encuentran sumidos/as bajo la línea de pobreza.

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