El artículo discute las implicancias del cambio de gobierno, en relación con las perspectivas de crecimiento económico, la ampliación del mercado laboral, la garantización de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras y el rol del estado en el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas al desarrollo.

Por Jazmín Castaño

1. Introducción

Luego de la tercera experiencia neoliberal en la Argentina, el pueblo ha votado mayoritariamente por un cambio del rumbo económico, político y social. La victoria del Frente de Todxs implica un tránsito hacia otra forma de pensar la Argentina, que requiere indefectiblemente de la construcción de amplios consensos para consolidar un camino distinto.

En este trabajo revisaremos las implicancias del cambio de gobierno, en relación a las perspectivas de crecimiento económico, la ampliación del mercado laboral, la garantización de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras y el rol del Estado en el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas al desarrollo.

2. El consenso sobre el crecimiento con trabajo e inclusión

La reedición del neoliberalismo en nuestro país ha tenido un grave impacto en materia económica, política y social. Los efectos de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de Cambiemos han tenido efectos fulminantes sobre el mercado laboral, por ello lo caracterizaremos como un modelo improductivo y de exclusión social.

Las elecciones presidenciales han puesto a prueba los resultados de este modelo económico, allí la ciudadanía ha votado ampliamente a favor del frente peronista como opción unida y opositora. El 48% de los votos del Frente de Todxs es un indicador de múltiples demandas y necesidades, una de ellas central: modificar 180 grados el rumbo de la economía argentina. Por lo pronto, casi 1 de cada 2 argentinos y argentinas demandó activamente finalizar con la crisis económica. Dicha crisis es el resultado de la nueva aplicación del modelo de financierización, que estalló en abril de 2018 a partir de la salida masiva de capitales especulativos. El esquema de políticas impuesto por el gobierno se basó en la liberación de los controles de capitales, la disminución y eliminación de retenciones a la exportación de alimentos y la dolarización de precios clave como servicios públicos y combustibles, entre otras medidas. Se sumó el creciente endeudamiento, que combinado con las políticas de desregulación financiera afectó gravemente a la economía real, desfavoreciendo la inversión productiva y desincentivando el consumo, incluso de bienes básicos como alimentos y bebidas.

Como corolario, las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri han generado más desempleo, más precarización, caída del salario real y mayor desigualdad. El Centro de Estudios Atenea ha monitoreado la evolución del mercado laboral argentino durante los últimos años. Vale la pena resaltar algunos datos que ilustran el impacto que ha tenido la recesión en la vida de trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, la desindustrialización fue brutal, a tal punto que en el sector industrial se destruyeron 150.000 empleos entre 2015 y agosto de 2019 (SIPA/OED, MPyT), lo que representa el 70% de la caída del empleo privado formal en el período. Este proceso tiene gravísimas implicancias sociales ya que el empleo industrial representa el 50% del empleo privado formal en el país y es el que tiene mejores condiciones salariales y de protección social. La producción industrial cayó un 14% en los últimos tres años (IPI/INDEC) y en 2018 fuimos el país que más se desindustrializó en el mundo (ONUDI).

Como contracara, el macrismo subirá al 40% el empleo no registrado, agravando un problema estructural existente en la Argentina luego de la transformación económica regresiva producida por la dictadura militar. Lo que sostuvo el mercado de trabajo durante la era Cambiemos fue la precariedad, con el crecimiento del cuentapropismo, el no registro y el monotributo social; por ejemplo, el 63% del empleo en relación de dependencia que se creó entre 2017 y 2019 no está registrado.

En segundo lugar, la desocupación ha crecido sistemáticamente hasta superar los dos dígitos. Mientras que para el segundo trimestre de 2015 la tasa de desempleo era 6,6%, para el mismo trimestre de 2019 alcanzó el 10,6%. Este fenómeno se agudiza más en el segmento de los jóvenes, principalmente las mujeres menores de 30 años: casi una de cada cuatro busca activamente empleo y no lo consigue.

En tercer lugar, la caída de salario real promedio del sector privado se estima será del 20% en cuatro años. Peor aún es la pérdida del salario mínimo vital y móvil, que debería aumentar un 26% para recuperar el poder adquisitivo de 2015. Los salarios no han acompañado la inflación, que superó el 40% en tres de los cuatro años de gobierno. Como consecuencia, se consolidó un núcleo importante de ocupados/as que se encuentran bajo la línea de pobreza (25%).

En resumen, en la Argentina hay consenso respecto de que es necesario volver a crecer, primero frenando la caída. Aun así, la nueva coalición de gobierno deberá también atender los problemas estructurales de la economía y el mercado de trabajo. Para ello, se ha propuesto la conformación de un nuevo “contrato social” que revalorice el rol del trabajo, que integre a empresarios industriales, productores rurales, sindicatos y movimientos sociales en la construcción de un camino distinto, incorporando las nuevas demandas urgentes: la perspectiva de la igualdad de género haciendo foco en la economía del cuidado y la inclusión de los sectores de la economía popular mediante la promoción del trabajo cooperativo. En este sentido, no solo se trata de recuperar la institucionalidad destruida, que protegía los derechos laborales del asalariado del sector privado formal, sino de amplios consensos que permitan implementar políticas públicas que reviertan problemáticas estructurales ya que el 46% de la población activa cuenta con graves problemas de desempleo y/o informalidad.

3. Las políticas públicas para la desmercantilización de los derechos sociales

Un segundo aspecto a consensuar es la reconstrucción del rol del Estado para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En términos simbólicos, el gobierno de Cambiemos ha intentado, con cierto éxito, instalar la discusión respecto del “derecho a tener derechos” por parte de los trabajadores y trabajadoras. Así se ha planteado como caso ejemplar el crecimiento australiano o el chileno. No resulta llamativo, entonces, que en este último país recién en agosto de este año –previo al estallido social– se hubiera iniciado el debate en el Parlamento sobre la jornada laboral de 8 horas diarias.

Bien distinta fue la trayectoria de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que hemos visto consagrados los derechos laborales en nuestra Constitución nacional desde 1949 (artículo 14 bis). Dicha reforma constitucional fue concretada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, hace 70 años, los mismos años que para el presidente Mauricio Macri han sido “de fiesta” y han llevado a nuestro país al subdesarrollo.

En definitiva, el gobierno de Cambiemos nos ha llevado nuevamente a discutir sobre el Estado y sus funciones. La visión propuesta desde el gobierno ha sido que el Estado no interviniera en las actividades económicas para procurar garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. Desde esta perspectiva meritocrática, la riqueza y la pobreza son explicadas como resultado de los esfuerzos y capacidades individuales. El crecimiento del mercado laboral deja de ser un eje principal de las políticas públicas dado que el Estado ya no tiene como prioridad generar una mayor integración social a través del trabajo con derechos.

Así, la política macrista de desregulación de múltiples esferas de la vida social y económica ha repercutido negativamente en la vida de argentinos y argentinas: la liberalización de las tarifas de los servicios públicos –luz, agua, gas y transporte–, la desregulación de los precios de alimentos, combustibles, medicamentos y bienes de consumo de la canasta básica, la autorización de incrementos siderales de las cuotas de medicina prepaga. Estas acciones nos llevan a reflexionar nuevamente sobre el rol del Estado en momentos de imposición de políticas neoliberales. Ya desde el año 2000, Oszlak se preguntaba sobre el rol del Estado en la concreción de las reformas estructurales de los ’90.

Para rebatir la idea predominante sobre la configuración de un Estado mínimo, este autor se proponía pensar en la ausencia del Estado en algunas áreas de la gestión pública, sobre todo en materia social. El Estado socialmente ausente se plasmó institucionalmente con la disminución de los ministerios en 2018. Esta reforma del organigrama se concretó para dar una señal de austeridad y lograr la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional luego del fracaso en el cumplimiento de las metas establecidas, a dos meses de la primera suscripción. Se realizaron cambios históricos: ocho ministerios pasaron a ser secretarías (luego se recuperó el rango ministerial de Agroindustria). Esta acción no se tradujo en un achicamiento de la estructura funcional, pero implicó la desjerarquización y reducción presupuestaria de las principales instituciones pertenecientes al Estado Social, como el Ministerio de Salud y el de Trabajo, por mencionar las de mayor gravedad.

Toda omisión es política, por lo que la garantía de dichos derechos ha sido dejada a merced del mercado. El Estado ha estado socialmente ausente, desatendiendo deliberadamente las áreas de salud, educación y previsión social. Frente a ese ordenamiento de las relaciones sociales, que se basó en la omisión de las acciones estatales para el ejercicio efectivo de los derechos sociales, se debe reconstruir una nueva perspectiva. Como respuesta, la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos debe dotar de nuevas capacidades al Estado para reestablecer una relación diferente entre los mercados, el Estado y la sociedad civil, teniendo como principal objetivo la reducción de la desigualdad y la protección de los derechos.

El nuevo consenso a fortalecer deberá apoyarse en una perspectiva social del Estado que comprenda la democracia en términos de igualdad e inclusión social, que respete las libertades civiles y políticas y promueva los derechos económicos, sociales y culturales, dado que, como marca Rancière, no existen derechos de primera o de segunda clase. Así se respetarán los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y los principios de universalidad y progresividad y no regresividad consagrados en nuestra Constitución nacional.

4. La reivindicación del Estado como actor estratégico para el desarrollo

El horizonte de la justicia social supone indefectiblemente la elaboración de una agenda integral que tenga como actor estratégico al Estado como ordenador de la vida social. Esta agenda deberá centrarse en la economía, pero también en la educación, la salud, el empleo, la ciencia y tecnología, el comercio, la producción, la infraestructura, el medioambiente, la cultura, etc. Una agenda integral de desarrollo de largo plazo resulta imprescindible.

Frente a los numerosos retrocesos vividos estos años, se puede afirmar que en la Argentina continúa en debate cuál debería ser el perfil económico y productivo del país. Este es un punto clave ya que la experiencia histórica nos ha demostrado la imposibilidad de alcanzar el desarrollo únicamente a partir de la exportación de nuestros recursos naturales, siendo la innovación productiva de los sectores industriales necesaria para generar un cambio estructural y social. Además, luego de los años de crecimiento económico a tasas chinas y reconstrucción del mercado de trabajo post crisis de 2001, han resurgido las restricciones históricas de la balanza de pagos argentina. Como aditivo, en el plano global se está produciendo una profunda transformación con el despliegue de tecnologías digitales de información y comunicación, inteligencia artificial y robótica incorporadas a la industria manufacturera, que para muchos analistas se trata de la cuarta revolución industrial.

Esto nos suma otro desafío a la hora de pensar la inserción argentina en el comercio mundial, en un marco creciente de dificultades regionales y globales. Resulta casi imprescindible trabajar en dos agendas, una que se proponga poner un freno al escenario económico fuertemente recesivo para una mejora urgente de los indicadores sociales de desempleo, pobreza, indigencia. Pero también una agenda integral de largo plazo, que se proponga superadora, que contenga las nuevas demandas y las transformaciones que atraviesa el capitalismo actual.

Volver a crecer no supone automáticamente el desarrollo nacional. Las experiencias kirchneristas nos alertan sobre la necesidad de pensar en una agenda de largo plazo, que más allá de la reconstrucción del mercado laboral y la recomposición de un piso mínimo de derechos para toda la población, requiere la coordinación estratégica y planificación de las capacidades estatales en pos del desarrollo económico y social. En síntesis, existe un tercer punto de consenso que es necesario construir y que en el contexto actual pareciera contrahegemónico: diseñar una agenda de desarrollo nacional impulsado desde el Estado, en base al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para la industrialización apoyada en la producción de bienes industriales con alto contenido tecnológico. Para ello es requisito la implementación de un conjunto de políticas: económicas, comerciales, educativas, científicas y tecnológicas, financieras, impositivas, etcétera.

5. Reflexiones finales: una agenda después del neoliberalismo

La victoria del Frente de Todxs parecería ser una redefinición de las prioridades de la política estatal. El peronismo y aliados propusieron una perspectiva distinta del futuro basado en el crecimiento, el trabajo y la inclusión. Como conclusión, el gobierno entrante deberá reparar todo el daño realizado en estos cuatro años, pero además enfrentará un conjunto de desafíos que requerirán de amplios consensos sociales sobre la recuperación de la economía argentina basada en el empleo y no en la especulación financiera, la garantización de los derechos sociales por parte de las políticas públicas y la construcción de una agenda integral para el desarrollo.

Las cartas están sobre la mesa, el gobierno de lxs Fernández tendrá que enfrentar restricciones importantes. Sumado a una economía devastada y un pueblo empobrecido, coexiste en el plano político una altísima polarización social con una futura oposición aglutinada –en el corto plazo– detrás de la figura de Mauricio Macri, y un frente externo convulsionado en un contexto de puja explícita por la consolidación o retracción del modelo neoliberal en la región latinoamericana.

 

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