Nuestro país produce alimentos para 10 veces su población, pero muchos argentinos no pueden
acceder a ellos. ¿Es posible erradicar el hambre en nuestro territorio?

Suele decirse que con la producción alimenticia de la Argentina podría alimentarse a 400 millones de personas, esto es, casi 10 veces la población de nuestro país. El 2019 representa un hito histórico para el campo argentino, debido a que se alcanzó un récord de producción en el sector.

Sin embargo, aceptamos la realidad de que más de 3 millones y medio de personas actualmente no tienen los medios para alimentarse adecuadamente, dato en el que coinciden las últimas cifras de indigencia del INDEC y el Barómetro de la Deuda Social de la UCA.

Mientras buena parte de la producción alimenticia se destina a la muy necesaria exportación, un gran número de argentinos no posee los medios para adquirir alimentos, incluso los producidos en nuestro propio suelo. Algunos datos nos muestran a las claras las razones por las cuales esto viene sucediendo: 200 mil personas cayeron en el desempleo en el último año, y se estima que, respecto de 2016, los trabajadores que perciben el salario mínimo habrán perdido un 18 por ciento de su poder adquisitivo, al final de este año. Esto implica que el poder de compra del salario perdió 3 mil pesos mensuales para aquellos trabajadores en situación más precaria. La Asignación Universal por Hijo, en tanto, perdió un 17 por ciento de su valor, más de 450 pesos mensuales en su mayoría destinados a la nutrición de los niños, de los cuales 1 de cada 8 está en la indigencia.

Todos estos datos son consecuencia de la política económica seguida por el Gobierno Nacional, que ejecutó varios planes anti inflacionarios que culminaron en un fracaso en toda la línea. El resultado de la política monetaria aplicada tuvo como correlato la duplicación del nivel de inflación inercial que recibieran del período anterior. Durante los primeros dos años de gestión macrista, el Banco Central llevó adelante una política de metas de inflación, combinada con la emisión de Letras que pagaron interés a los depositantes. El resultado fue desastroso para los sectores más humildes de la sociedad, ya que el plan no logró bajar la inflación en 2017 (respecto del segundo mandato de Fernández de Kirchner), y propició un enorme aumento de los precios en 2018, tras la imposibilidad del Central de renovar su deuda en Letras.

Luego de este estallido, Macri apeló a más endeudamiento a través de un Acuerdo con el FMI, y una política de emisión monetaria 0 para erradicar la inflación. Para perplejidad de los técnicos económicos del Gobierno, parar la emisión no sólo no frenó la escalada de los precios, sino que la gran expectativa de devaluación ante la falta de solidez del programa económico avivó la inflación a niveles no vistos en más de 25 años.

La política fiscal seguida por Macri fue la otra cara de esta misma moneda. Los cambios al modelo de retenciones que ejecutó a poco de andar su gestión fueron una demostración de que la rentabilidad de los grupos concentrados que manejan la exportación agropecuaria fue una prioridad por sobre la estabilidad de precios de los alimentos dentro del país. Asimismo, los pactos de precios con comercios, como Precios Cuidados o Precios Esenciales, destinados a facilitar el acceso a productos básicos por parte de la ciudadanía, tuvieron un limitado alcance. Los
programas se mostraron insuficientes para contener el aumento del precio de los alimentos ante shocks como las devaluaciones de 2018 y 2019, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas adicionales, como la quita del IVA a ciertos productos, que tampoco tuvieron efectos significativos.

En este contexto, los precios de los alimentos aumentaron 5 puntos porcentuales más que la inflación general, registrándose aumentos mayores en los rubros de lácteos y carnes, claves para una adecuada nutrición.

Párrafo aparte merece la situación de los productores de alimentos en el país, un sector muy heterogéneo que también sufre las consecuencias de estas políticas, puesto que buena parte de la cadena productiva de los alimentos está compuesta por pymes. Este sector se resiente por la caída en la demanda de sus productos, el aumento desmedido de sus costos, muchos de ellos recientemente dolarizados como los servicios públicos, y las dificultades de acceso a financiamiento, que se da a tasas de interés prohibitivas debido a la política monetaria actual.

Erradicar la indigencia en la Argentina no es una utopía: se trata de un objetivo alcanzable para un país productor de alimentos como el nuestro. La recientemente aprobada Ley de Emergencia Alimentaria es un avance positivo para paliar esta situación, aunque se requerirán más acciones para mejorar la situación alimentaria en el mediano plazo.

Para lograrlo nuestro país necesita plantearse consensos que permitan arribar a ese resultado, considerando para ello no solamente las herramientas que pueda tener el Estado, como la administración de la carga fiscal, sino también buscando consensos amplios que incluyan a los productores para encontrar precios que equilibren su rentabilidad con los ingresos de los argentinos.

 

Por Pablo Menéndez Portela
Economista de ATENEA – Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional. Docente de Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.

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