Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), las dos CTA, la CGT, la CTEP y los movimientos sociales reclamaron modificar el año máximo para contar aportes, hoy fijado en 2003. Estiman que unas 500.000 mujeres no podrán acceder al beneficio.
Medio millón
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) recordó que la ley que crea la moratoria en 2014 permitía que las mujeres puedan declarar deuda (o “comprar”) hasta 2003 los aportes que faltaban, lo que en la práctica implicaba la posibilidad de declarar los 30 años de aportes, que se pagaban a través del descuento mensual en el haber jubilatorio.
Sin embargo, ni la prórroga del 2016 sancionada con la Ley de Reparación Histórica ni la nueva prórroga de la semana pasada con la Resolución 158/2019de la Andes consideraron esta situación, porque dejaron inalterada la fecha de corte en 2003, acotando sucesivamente los años computables en la moratoria. Según el informe firmado por Julia Strada, Hernán Letcher y Alejandra Scarano, estas decisiones no fueron aleatorias.
“La decisión de no correr la fecha de corte significa que las mujeres que no han registrado aportes hasta 2003 deberían tener aportes con posterioridad a dicho año”, remarcaron los especialistas. Con 26 años “comprables” por moratoria, la persona debería contar con cuatro años adicionales de aportes a través de un empleo registrado luego del 2003 (es decir, haber ingresado a un trabajo formal entre los 45 y 60 años, edad donde se reducen las posibilidades de conseguir empleo).
“Con el correr del tiempo esta moratoria se acota aún más”, agregaron desde el CEPA. “Las mujeres que hoy tienen 57 años y tendrán 60 en 2022, último año de la actual prórroga, necesitarán no cuatro sino siete años de aportes registrados post-2003 para contabilizar los 30 requeridos por ley”, advirtieron.
Según los datos oficiales de INDEC, a fin de 2018 se estiman 1.076.028 mujeres de entre 55 y 59 años de la Argentina estarían cerca de cumplir con la edad para jubilarse en los próximos años, pero sólo 55% (588.248) tienen aportes, mientras que el restante 45% no ha realizado aportes. Hoy, solo podrían ingresar a la moratoria las tengan 57 años o más.
Del 55% que tiene aportes, sólo 113.231 superan los 20 años aportados. Es decir, solamente el 10,5% de las mujeres presenta condiciones relativamente cercanas a la posibilidad de jubilarse, aunque no todas las mujeres con aportes de más de 20 años llegarían a los 30 años de aportes. Cabe señalar que la información que publica ANSES no establece una segmentación más precisa respecto de la franja de aportes entre 20 y 30 años.
Por último, el CEPA alertó por la imposibilidad concreta de acceso a la jubilación a las mujeres que dedicaron su vida al “trabajo reproductivo” y tienen 0 aportes en su vida laboral. “Esta distinción (aportantes vs. los que no) desconoce estas características estructurales y significa no reconocer a las tareas reproductivas como trabajo, cristalizando una lógica divisoria al interior de la clase trabajadora, con trabajadores de primera -reconocidos en sus derechos previsionales- y de segunda -sin ese reconocimiento”, subrayó.
Trabajo no registrado
El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea” recalcó que esta medida se agrava si se tiene en cuenta que en los últimos tres años aumentó la informalidad laboral, principalmente en las mujeres. “Hoy, casi 4 de cada 10 mujeres asalariadas, tienen un trabajo sin aportes jubilatorios”, resaltó el estudio al que accedió Ámbito.
«Por un lado producto de las políticas económicas, han empeorado las condiciones laborales de las mujeres y por otro lado, se les quita el derecho de poder jubilarse», indicó el estudio de del centro de estudios «Atenea».» id=»7355405-Libre-287021406_embed» />“Probablemente muchas no registran aportes jubilatorios debido a un incumplimiento de su empleador, muchas otras no accedieron al mercado de trabajo formal, por tener que sostener a diario las tareas de gestión del hogar y cuidado de niños y niñas”, agregaron en Atenea.
Asimismo, señalaron que con la decisión del Gobierno de prorrogar la jubilación pero exigiendo comprobar más años de aportes en el sistema previsional, se niega “un derecho básico laboral a todas aquellas mujeres que trabajan en la informalidad o a aquellas que su trabajo aun no es reconocido”.
“El sistema previsional debe garantizar de manera solidaria e integrada la más amplia cobertura para una vejez de calidad para todas las personas que habiten nuestro país”, concluyeron.
