La Cobertura Universal de Salud, ¿avance o retroceso para el sistema argentino?

En 2016, mediante un DNU se instó a todos los programas dependientes del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) a coordinar sus acciones en pos del desarrollo de la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS). Sin embargo, las medidas implementadas evidencian inconsistencias profundas con los principios de acceso irrestricto y cobertura universal que caracterizan al subsector público de salud argentino desde 1946.

Al inicio del mes de octubre se lanzó el empadronamiento y entrega de 120.000 credenciales a habitantes de la provincia de Mendoza que no cuentan con ningún tipo de cobertura formal de salud. La obligatoriedad de portar esta credencial al momento de requerir atención, se transforma en la primera barrera de acceso.

La cobertura brindada en el marco de la CUS estaría dada por el establecimiento de una canasta básica de prestaciones que reciben todos aquellos que se registren y tengan el carnet. Esta canasta incluiría las prestaciones dispuestas en el PMO (Programa Médico Obligatorio) que establece por ley cuál es el piso mínimo de beneficios que deben brindar obras sociales y empresas de medicina privada con el objetivo de garantizar un acceso equitativo de la salud para todos los argentinos y argentinas independientemente del tipo de cobertura que tengan o elijan tener. Esta medida puede ser identificada como una segunda barrera ya que se restringirían las prestaciones brindadas sólo a lo comprendido dentro de la canasta básica y todo lo que quede por fuera requerirá una autorización previa para poder ser practicada o deberá ser abonada por el paciente, algo que impactará en el gasto de bolsillo.

El decreto también estableció la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (AGNET) que avaluará y decidirá qué medicamentos y tecnologías de salud así como la inclusión o exclusión de tratamientos al PMO. Actualmente, estas son realizadas por el Congreso de la Nación a través de la sanción de leyes que así lo determinan. Si bien la creación de la AGNET se encuentra todavía en proceso legislativo, el hecho que algo tan sensible se encuentre solo bajo la órbita del poder ejecutivo y no bajo la decisión parlamentaria supondría el riesgo de subsumir la decisión de cuáles serán las prestaciones que se incluirían en él sólo a un conjunto de actores y no al órgano que más representación política y territorial tiene de nuestro país.

Sofía Duarte, Coordinadora del Área de Políticas de Salud de Atenea, expresó: “A un año y tres meses del origen de la CUS, las primeras medidas tomadas por el gobierno nacional representan potenciales barreras de acceso a la salud fundamentalmente para los sectores más vulnerables.  En términos generales, un avance en esta línea supondría el abandono de la concepción de la salud pública como un derecho”.

Atenea considera que la CUS se implementa en un contexto de retiro paulatino del Estado del territorio. En el último informe del Monitor de Gestión en Salud, el Centro de Estudios identificó que a agosto de 2017 existen partidas presupuestarias con una alta subejecución, principalmente las que tienen por objetivo mitigar las barreras de acceso, no sólo en materia de asistencia sino también de prevención y promoción. Además, en un incipiente análisis del proyecto de presupuesto 2018, los profesionales identifican que esta tendencia se profundizaría frente a la caída en términos reales de las partidas que tienen que ver con este tipo de intervenciones.

Por otro lado, el 2017 se caracterizó por una  marcada desregulación del Estado hacia el mercado de la salud con el aumento desmedido los precios de los medicamentos, la autorización de aumento a las cuotas de las empresas de medicina privada que consolidan un 30,10% a octubre de 2017 y el aumento de coseguros de Obras Sociales y prepagas para determinadas prácticas médicas.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC para el primer trimestre de 2017, un 30,44% de la población no contaba con ningún tipo de cobertura que provenga de obras sociales y de medicina privada. Este porcentaje podría aumentar si las tasas de desempleo y el número de trabajadores no registrados se incrementan.

Decir que antes de la aprobación de la CUS quienes no contaban con cobertura formal de salud ahora podrán hacerlo es una falacia. A un año de su lanzamiento, no hay indicios de que su implementación sea el camino hacia el acceso universal a la salud. Por el contrario, las primeras medidas desenmascaran la intención de establecer a la CUS como una política y/o estrategia de aseguramiento, homologando su funcionamiento al de una obra social o prepaga. En este sentido, la salud pública abandona paulatinamente la perspectiva de derechos para tomar una lógica de mercantilización donde sólo acceden quienes tienen la capacidad monetaria y material para hacerlo.