El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea analizó los cambios dispuestos en política exterior y el tipo de integración que se pretende con lógicas puramente económicas.
Los albores del siglo XXI manifestaron varios intentos por entablar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Según el informe de Atenea, la llegada al gobierno de la coalición Cambiemos en Argentina y el recientemente asumido mandato presidencial del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en Brasil, conforman una coyuntura regional favorable para la negociación entre ambos bloques. Con el objetivo de institucionalizar un vínculo concreto con la Alianza del Pacífico, ente conocido por su enfoque estrictamente económico y alejado de toda pretensión política, la disputa por la asunción o no de Venezuela se convierte así en una cuestión fundamental. Para los especialistas, lo que se pone en juego entonces es la discusión del tipo de integración que se pretende para América del Sur en general, y para el Mercosur en particular.
Atenea asegura que el no reconocimiento de la presidencia de Venezuela por parte de Argentina, Brasil y Paraguay, implica no sólo desgastar al Mercosur -para volverlo más flexible a los cambios- sino también a la propia Venezuela, quien junto con Bolivia y Ecuador mantienen la misma línea de integración regional.
Las normas del Mercosur exigen la necesidad de un consenso a la hora de negociar y lograr posibles acuerdos con otros bloques, por lo que la estrategia desplegada por la alianza conformada por Argentina, Brasil y Paraguay es la de aislar al único Estado en franca oposición al acercamiento con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. El Centro de Estudios considera que es posible definir dos posiciones jurídicas y antagónicas en este juego geopolítico regional: la esgrimida por los cancilleres Eladio Loizaga y José Serra, quienes anteponen la falta de adhesión a diversos protocolos del Mercosur por parte de Venezuela como la principal razón para rechazar su presidencia y la de la cancillería venezolana encabezada por Delcy Rodríguez que publicó una declaración oficial donde afirma que “Venezuela rechaza categóricamente las maniobras y falsarias antijurídicas de los gobiernos de Argentina, Paraguay e interino de Brasil”.
Finalmente en septiembre con la abstención de Uruguay y el voto afirmativo de Argentina, Brasil y Paraguay, el bloque regional emitió la declaración conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur y al protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al mismo. El documento oficial formaliza la centralización de las decisiones y negociaciones del bloque en los cuatro países fundadores, y exhorta a la adecuación del país venezolano a las normas jurídicas incumplidas. En caso de que esto no suceda para el 1 de diciembre, la nación bolivariana será suspendida. En consecuencia, el desplazamiento no constituye una posición política, sino más bien el mero cumplimiento de las reglas que hacen posible al Mercosur. No resulta aleatorio el lenguaje utilizado en este caso: son los cuatro países fundadores los que deciden desplazar a otro miembro por no cumplir con los requisitos democráticos y económicos necesarios. De esta manera, tanto Venezuela como Bolivia resultan excluidas de ese ideario fundacional. En este caso Atenea afirma que lo conciso del comunicado es inversamente proporcional a su contundencia.
Como conclusión, el informe señala que flexibilizar el MERCOSUR se presenta como una alternativa más atractiva que la implosión del mismo, y por ello Argentina, Brasil y Paraguay optan por la erosión del único miembro pleno del bloque que frena el acercamiento con experiencias de integración con lógicas puramente económicas. Se trata de retrotraer a su punto de inicio, recortando al máximo toda arista política. El acuerdo con la Unión Europea en el corto plazo, y la ya transparentada pretensión de acoplamiento con la Alianza del Pacífico, requieren de un Mercosur plenamente técnico.
