El restablecimiento de las negociaciones colectivas ha sido uno de los elementos clave de la política pública entre el 2003 y el 2015. Las paritarias forman parte de estas negociaciones, donde se discuten principalmente las remuneraciones de los trabajadores, pero también otras cuestiones de las relaciones laborales y condiciones de trabajo, generando el marco de discusión entre el sector trabajador y el empleador. Para poder aunar posiciones es imprescindible que el Estado actúe como mediador de conflictos y facilitador de las negociaciones: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación cumple un rol conciliador, para luego homologar los acuerdos alcanzados.
Estos acuerdos tienen un fuerte impacto tanto en la organización del trabajo como en la calidad del mismo. Sin embargo, su particularidad más notable es que son el emergente de la acción del Estado en el mercado, como elemento central de la regulación de la economía. Es imposible pensar en un crecimiento económico que mejore las condiciones salariales de los trabajadores, cuando el mercado es el que asigna los valores de remuneración por el trabajo. Las políticas económicas que libaron la regulación del trabajo al mercado, sólo trajeron desintegración del aparato productivo y ruptura del tejido social, daños que solo comenzaron a revertirse muchos años después con la intervención y planificación de la economía.
Si se quiere visualizar el impacto de los acuerdos y convenios colectivos hay que prestar atención al siguiente cuadro.
Durante la década del noventa las negociaciones colectivas de trabajo no superaban los 200 acuerdos anuales, y a su vez más del 50% eran convenios por empresa[1]. En contraposición a esto, entre el 2004 y 2014 la cantidad de acuerdos anuales superaron ampliamente dicha cifra, siendo 2010 el año que registró la mayor cantidad con un total de 2.038 convenios y acuerdos homologados, los cuales comprendieron a 4.220.161 trabajadores.
Además del poder de homologación de los acuerdos y convenios colectivos, una de las herramientas “indirectas” que posee el Estado para establecer un parámetro de las paritarias es la determinación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Esta variable es definida por el Consejo del Salario, integrado por igualdad de representantes del sector de los trabajadores y del empresariado, todos designados por el Poder Ejecutivo.
En datos concretos, desde 1993 hasta 2002 el SMVyM se mantuvo congelado en un valor de $200, mientras que en los años siguientes el salario fue evolucionando de acuerdo con el gráfico 2. La última actualización registrada en enero de 2016 asciende a $6060, mostrando una evolución de un 2930% respecto del 2002. Estas cifras muestran un contraste con los diez años previos en el marco de las denominadas “Reformas Estructurales” que, entre otras cuestiones, incluían un régimen de flexibilización laboral.
A partir de 2003, período iniciado por el entonces presidente Néstor Kirchner, y continuado luego por Cristina Fernández de Kirchner, se ha buscado garantizar un piso salarial que permitiera recomponer y sostener el poder adquisitivo. Esto, en el intento de equilibrar la balanza entre índice de precios y salarios, ha formado parte de una política económica necesariamente ligada al rol activo del Estado.
Con la llegada al gobierno del frente Cambiemos, los primeros posicionamientos en torno a las negociaciones colectivas y las paritarias han mostrado un viraje en el rumbo de las políticas laborales. Al situar en agenda, entre otras cuestiones, la posibilidad de descentralizar y reformular la medición de las paritarias a través del difuso concepto de la productividad. ¿Cuáles serían los alcances e implicancias de esto?
En primer lugar, no queda claro el parámetro de medición, si se trata de productividad por sector, por región o por empresa. Al mismo tiempo, hay ámbitos en los que no se puede medir la productividad, como lo es el sector público o muchos rubros de servicios. Tomar como parámetro la productividad por empresa, llevaría a la atomización del poder de los sindicatos, como sucede actualmente en Chile donde hay un 1% de la población cobra en promedio 40 veces más que el resto[2].
Otra cuestión a tener en cuenta, es que la productividad no depende del trabajador, sino que hay otros factores que influyen en la misma, tales como el contexto macroeconómico, las políticas estatales de promoción de las diferentes actividades productivas, el nivel de inversión del sector empresarial y el tipo de sector productivo. De hecho, las inversiones que realicen empresas del mismo sector productivo, podrían llegar a influir en la disparidad del salario de los trabajadores dentro de un mismo sector.
El gobierno del presidente Mauricio Macri plantea un debate más profundo, que va más allá de las negociaciones de este año, abarcando lo que pueda suceder a lo largo de su mandato. En ese sentido obliga a preguntar: ¿El salario vuelve a ser un costo empresarial más, o seguirá siendo un motor fundamental en el crecimiento y desarrollo del mercado interno?
Antes de la apertura de las negociaciones paritarias de este año en los distintos sectores de actividad, las declaraciones de diferentes funcionarios del actual gobierno deslizaban la idea de imponer un marco de referencia a las negociaciones. Esta situación obliga a los sindicatos a replantear estrategias para las negociaciones colectivas con el objetivo de mantener el poder adquisitivo. El hecho de recomponer salarios en un marco desfavorable producto de la devaluación, la creciente escalada de precios, la quita de subsidios, entre otras, se plantea como un gran desafío de cara a 2016, más aún si se tiene en cuenta la ausencia de datos oficiales al respecto. Habrá que ver si la capacidad de presión sindical es lo suficientemente fuerte como para romper el firme posicionamiento ortodoxo y antiintervencionista, que a juzgar por los primeros meses de gobierno, son la base de la Alianza Cambiemos.
En este escenario, los acuerdos paritarios acordados hasta el momento adquirieron diferentes características de acuerdo con los sectores de actividad. Algunos acuerdos se negociaron de forma semestral o con alguna cláusula que establece la posibilidad de reabrir negociaciones en función del contexto económico y la escalada inflacionaria. Asimismo, dependiendo del sector, los aumentos se estipularon en uno, dos o tres tramos, repercutiendo de diferentes formas en los aguinaldos de mitad de año.
Por otro lado, como resultado de la última reunión del Consejo del Salario, realizada el 19 de mayo pasado, se acordó una suba escalonada del 33% del SMVyM, a saber: 750 pesos en junio, 750 en septiembre y 500 en enero. Esto implica que recién a principios del 2017 el valor del SMVyM ascenderá a de 8060 pesos mensuales. Como se mencionó anteriormente en el presente informe, estos valores pueden ser utilizados como parámetro para las negociaciones paritarias restantes o para aquellos sectores que sólo acordaron una pauta semestral.
La posibilidad de reducir la brecha entre salario y poder adquisitivo es crucial a la hora de contrarrestar el efecto de la devaluación de fin de año trasladada a precios, particularmente en un contexto económico cuyos números de actividad van en baja y los de inflación suben. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)[3], si se toma como referencia el valor del SMVyM relacionándolo con el índice de precios al consumidor (según el IPC Bein y Asociados), el poder adquisitivo del salario fue aumentando entre fines del 2007 y septiembre del 2015. Tomando como índice base los valores de octubre de 2015, el poder adquisitivo del SMVyM tuvo una involución de prácticamente 10% entre noviembre y marzo de 2016, lo que es un claro indicador del impacto negativo de las políticas económicas del gobierno de la Alianza Cambiemos. Con estos números el poder de compra del salario está al mismo nivel que en 2007. Si se tiene en cuenta que estos datos no consideran los recientes aumentos de tarifas en los servicios públicos y que muchos de los sindicatos están privilegiando mantener los puestos de trabajo en desmedro de la lucha por los salarios, los próximos meses mostrarán esa tendencia negativa en los indicadores del poder adquisitivo.
Mientras se espera que lleguen las inversiones prometidas para el segundo semestre, la caída del poder adquisitivo, del salario real y el aumento de la inflación muestran un escenario que difícilmente pueda revertirse con políticas económicas que privilegian la disminución de los salarios, concebidos como un costo empresarial más, en lugar de fomentar el crecimiento del mercado interno. Sin un rumbo claro, sin una política estatal que medie entre salarios y costos el gobierno está ante uno de los cuellos de botella estructurales de la economía nacional. Si el desafío es crecer incluyendo, llegar al eslogan de campaña “pobreza cero”, el camino no debe ser la retirada del Estado.
[1]MTEySS: “La reactivación de la negociación colectiva: Sus efectos sobre la cobertura, los ingresos y la estructura. Los convenios por empresa acompañaron la negociación colectiva”. Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/negColectiva/20061227_noticiaNegociacionColectiva.pdf
[2] Ramón López, Eugenio Figueroa B. y Pablo Gutiérrez C., 2013: La ‘parte del león’: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de chile, econ.uchile.cl/publicaciones, Santiago. Disponible en: http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/306018fadb3ac79952bf1395a555a90a86633790.pdf
[3] CEPA: “Informe de coyuntura económica”, Abril 2016. Disponible en:
