Sostener a las que sostienen: claves e iniciativas para la formalización del trabajo doméstico en la Argentina
El trabajo de cuidados remunerado y, en particular, el trabajo doméstico es una actividad históricamente feminizada y desvalorizada. Sin embargo, constituye el pilar invisible de la economía y es la condición de posibilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta actividad remunerada emplea en el país alrededor de 900.000 personas —de las cuales el 98% son mujeres—, lo que equivale al 14% del total de mujeres ocupadas y al 19% de las asalariadas.
Se trata de un sector que históricamente ha sufrido la carencia de derechos laborales. Actualmente su tasa de informalidad se ubica en 77,5%, más de 30 puntos por encima del promedio del conjunto de la economía, cuya tasa de informalidad es del 44,2%. Es decir, que más de tres cuartas partes de estas trabajadoras no acceden a un descuento jubilatorio, ni días por enfermedad, ni vacaciones pagas, ni tienen obra social, ni aguinaldo.
Servicio doméstico y trabajadoras migrantes
En el servicio doméstico argentino se insertan alrededor de 100 mil mujeres migrantes, que representan al 12% dentro del sector. Las mujeres migrantes son el 2,7% de la población total y casi el 3% dentro del conjunto de la población ocupada, lo que equivale a unas 390.700 trabajadoras.
La mitad de las trabajadoras domésticas migrantes nacieron en otro país. El 36% (76.503) en un país limítrofe y el 12% (24.918) en un país no limítrofe. De este universo, Paraguay es el principal país de origen, seguido por Perú y Bolivia, tal como se observa en el gráfico 1.
Gráfico 1
Según su inserción laboral por sector de actividad las mujeres migrantes se insertan principalmente en el trabajo doméstico (26,5% de las ocupadas migrantes), seguido por el comercio (21,4%), los servicios sociales y de salud (11,1%) y otros servicios comunitarios, sociales y personales (9,3%), tal como se observa en el gráfico 2.
Gráfico 2.
Nos preguntamos cómo es el acceso a la registración de las trabajadoras migrantes del servicio doméstico. Para ello, partimos del concepto de interseccionalidad que nos indica que la condición de migrantes podría incrementar la condición de informalidad de este grupo de trabajadoras. Los datos nos muestran que esto no ocurre de esa forma (ya que la tasa de informalidad ronda los 73 puntos porcentuales), lo cual podría evidenciar que el fenómeno de informalidad responde más bien a la vulnerabilidad estructural propia de la actividad y a la desvalorización económica y social de la misma. Esta fragilidad estructural se traduce en una marcada precariedad salarial y en la privación de derechos laborales fundamentales. Actualmente, los ingresos promedio del sector no alcanzan los $400.000 mensuales y caen por debajo de los $300.000 en casos de subocupación horaria, situándose peligrosamente cerca de la Canasta Básica Alimentaria ($235.103) y muy lejos de la Canasta Básica Total ($519.578).
Aportes para una mejora del sector
A la hora de pensar aportes para una mejora del sector sabemos que nos encontramos ante un panorama complejo de desarticulación de políticas. El mismo incluye el repliegue de las políticas públicas de fiscalización y promoción de la registración, así como el acompañamiento y la sensibilización para la misma. Asimismo, la discontinuación de programas como el Programa Registradas —que capacitaba en la materia y subsidiaba el 50% del salario para incentivar la registración— y la finalización de la moratoria previsional, quedando únicamente vigente el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado (Decreto 475/2021) y un tribunal laboral acotado exclusivamente a CABA.
Para avanzar hacia una formalización sostenible se requiere una estrategia integral articulada en tres ejes: sociocultural, digital y formativo.
De cara a construir mejoras para las trabajadoras dentro del sector, la agenda legislativa debe orientarse a revitalizar instrumentos de política pública que aborden a la registración y el cumpliento de la Ley de casas particulares desde una mirada de transformación cultural mediante la sensibilización y la capacitación en los distintos territorios de nuestro país. Es necesario abordar la informalidad como un problema sociocultural arraigado mediante campañas que además incorporen facilidades de regularización migratoria para evitar abusos, y que brinden incentivos a la empleabilidad.
Dicha agenda también es deseable que incorpore los desafíos emergentes de la digitalización y la plataformización del trabajo. Si bien el uso de aplicaciones es aún marginal, las plataformas existentes cobran comisiones de hasta el 25% sobre los ingresos e imponen un tiempo no remunerado para la creación de perfiles y reputación digital. Por su parte, la digitalización ha avanzado y erosionado las fronteras del tiempo personal: las trabajadoras domésticas dedican en promedio el 47,2% de su tiempo de ocio a coordinar tareas laborales mediante sus teléfonos móviles, siendo el indicador más alto registrado entre todas las ramas de actividad. Por ello, resulta imprescindible consagrar legislativamente el derecho a la desconexión digital y el reconocimiento económico del tiempo de trabajo no remunerado dedicado a la gestión laboral en el sector.
Finalmente, resulta estratégico integrar el cuidado a la Educación Técnico Profesional (ETP) mediante la certificación de competencias en áreas como el cuidado de personas mayores, infancia o discapacidad. Institucionalizar estos trayectos formativos permite desnaturalizar el cuidado como un mero «atributo femenino» y convertirlo en una ocupación calificada con plenos derechos, jerarquizando el rol de quienes sostienen la vida cotidiana en nuestro país.
