Hace tiempo que en la Argentina se viene advirtiendo un inédito y paradójico fenómeno en el mercado laboral: se crea trabajo, pero es precario o de “baja calidad”. La cifra de trabajadores no registrados –es decir, aquellos que tienen un empleador, pero que no cumple con las cargas sociales asociadas al trabajo– alcanza, según las últimas estadísticas oficiales, al 35,5% de los asalariados. Una clara señal de que el mapa del trabajo actual presenta una nueva configuración y, en efecto, desafíos medulares para todos los sectores que lo componen.
Las razones de esta tendencia pueden hurgarse en las consecuencias del derrotero macroeconómico del país, que no muestra señales de estabilización en el corto plazo, pero también en el devenir del mundo del trabajo a nivel global, signado por la irrupción de las tecnologías de la información que han configurado una nueva forma de organizar las relaciones laborales. A tal punto que, según los expertos, la tradicional categoría de “empleo no registrado” –mal llamado “trabajo en negro”– ya no alcanza para describir la informalidad laboral, dado que el crecimiento del cuentapropismo y la figura del monotributo, en un contexto de elevada inflación y de pérdida del poder adquisitivo, también constituyen formas precarias, no solo por la falta de derechos asociados al trabajo, sino porque el ajuste se termina dando por el lado de los ingresos en el sector más vulnerable.
En cuanto al desempleo, el último dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que durante 2022 disminuyó 0,7 puntos porcentuales respecto de 2021, al pasar de 7% a 6,3%, mientras que la tasa de empleo pasó de 44,2% a 44,6%, un aumento de 0,4 puntos porcentuales. Se trata de cifras relativas, si se toma en cuenta el fenómeno del trabajo precario y las proyecciones en materia de evolución de los salarios, que siguen perdiendo contra la inflación.
La actual situación del mercado laboral fue reconocida por la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, durante su última aparición pública en el acto de lanzamiento de la Escuela Justicialista. “Hay por primera vez trabajadores en relación de dependencia que son pobres. Esto nunca nos había pasado y es uno de los desafíos que tenemos. La actividad económica creció y el empleo que se generó fue más precario, informal y con mucho monotributo”, dijo.
Los números son contundentes. Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), expresó: “El mayor crecimiento en el último año tuvo lugar en el monotributo social (38,5%), seguido por el monotributo (5,3%), asalariados privados (4,3%), asalariados públicos (1,8%), autónomos (0,9%) y asalariados de casas particulares (-2,0%)”. En tanto, si se consideran los últimos tres años (enero 2020 a enero 2023), precisó que “crecieron el monotributo social (66,2%), el monotributo (14,8%), asalariados públicos (5,8%) y asalariados privados (5,1%)” y que “cayeron los autónomos (-3,5%) y los asalariados de casas particulares (-7,3%)”.
Según el economista, los números del monitor de empleo formal que elabora el Iaraf, en base a los datos del Indec, “implica que los asalariados privados explican el 33,3% del aumento”, mientras que “los dos monotributos representaron el 16,5% del empleo desde 2020 y aportaron el 52,1% del empleo formal generado”.
Estas cifras ayudan a dimensionar el hecho de que más de un tercio de los trabajadores asalariados argentinos están precarizados. En su mayoría, provienen de los rubros vinculados a la construcción, al trabajo en casa particulares y al empleo en plataformas digitales, principalmente de delivery. También se destaca el caso de los trabajadores calificados, como los diseñadores y programadores tecnológicos que exportan servicios al exterior, un claro ejemplo de nuevo mapa laboral.
Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, afirmó: “Los datos de la informalidad son una mala noticia. Significa que una proporción importante de los trabajadores tiene menos derechos que el resto y eso explica por qué en los últimos años representan el segmento en el que más cayó el salario real. Por el contrario, dentro del trabajo formal, casi todos los trabajadores quedan alcanzados por los convenios colectivos de trabajo y sus respectivas paritarias”.
“Tenemos un desempleo bajo y su explicación radica tanto en el crecimiento económico como en salarios bajos, que obligan a más miembros del hogar a trabajar. Esto último es la principal consecuencia de la inflación y se relaciona también con que haya más empleo no registrado”, agregó el economista. Y opinó: “A mayor incertidumbre en la economía, los empleadores buscan más flexibilidad que les permita adaptarse rápidamente a un cambio en la coyuntura económica. A su vez, al ser esto ilegal, también es la consecuencia de una falla del Estado como regulador y controlador”.
Sobre este punto, Argañaraz cita un dato contundente: la diferencia de costos para un empleador entre formalizar o contratar de manera informal a un trabajador: “La diferencia esté en el orden del 50%. Es decir, contratar un trabajador formal tiene un costo de 1,5 veces más alto que uno informal. Es al menos uno de los factores que pueden incidir a la hora de sumar puestos extra en una plantilla”.
¿Un síntoma de época?
Juan Manuel Ottaviano, investigador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, aseguró: “Las tasas de creación de trabajo asalariado registrado y no registrado tienen sus propias dinámicas, porque naturalmente el empleo informal es más volátil y se recupera más rápido que el empleo privado de calidad. Sin embargo, eso se dio en un contexto de expansión de la actividad y crecimiento del empleo en general”. Dicho crecimiento es atribuible, en parte, al “efecto rebote” que se produjo tras la pandemia, una variable que ya no aplica para 2023, y más aún, tomando en cuenta la inflación y la evolución de los ingresos de los últimos meses.
“El trabajo asalariado informal está en niveles similares a los de 2008, pero sus causas son más atribuibles a la informalidad económica que a las regulaciones laborales o a las contribuciones. En estos años, la precariedad no está asociada solamente al trabajo no registrado, sino a la expansión del cuentapropismo y a formas de trabajo desprotegidas como en las plataformas digitales”, añadió Ottaviano.
Tania Etulain, directora del centro de estudios Atenea, sumó: “Las dos actividades que mayormente están vinculadas a ese no registro son la construcción y el trabajo en casas particulares, lo cual constituye un problema para los trabajadores, pero también para la base de contribuyentes a la seguridad social, ya que esas personas son las que a futuro requieren de moratorias o de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para poder jubilarse”.
Consultada acerca de las características de ese universo, Etulain expresó: “Dentro de las personas que trabajan como monotributistas encontramos un heterogéneo mundo del trabajo –hay profesionales, changarines, entre otros– y este sector viene creciendo sostenidamente. Más allá de las desigualdades en los ingresos, tienen una característica en común: ninguno accede a la totalidad de los derechos que dictan las normas nacionales e internacionales para el trabajo registrado”.
Algunas proyecciones
Los analistas consultados por LA NACION coinciden en que el panorama no asoma demasiado alentador en términos macroeconómicos, al menos en el corto plazo, así como tampoco, por las razones expuestas, en el mundo del trabajo, donde los trabajadores informales siguen siendo los más rezagados.
Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, explicó: “La actividad económica ingresó en una fase de desaceleración desde septiembre del año pasado y estamos en el inicio de una recesión, por lo que las perspectivas para el mercado de trabajo en el corto plazo no son buenas”. Y aventuró: “Es muy probable que la recesión provoque una caída en el empleo y que esa caída sea en el sector informal de la economía. Al mismo tiempo, la aceleración inflacionaria de los últimos meses [en marzo alcanzó el 7,7%] va a impactar en las remuneraciones de los trabajadores que permanecen empleados”.
El economista aseguró que las políticas públicas focalizadas en la informalidad pierden efectividad y solo amortiguan el deterioro del mercado laboral. “Para solucionar el problema de la informalidad es condición necesaria que el país deje atrás más de una década de estancamiento y comience a crecer en forma sostenida, y esto requiere transformaciones estructurales que normalicen el funcionamiento de la economía”, dijo.
Por su parte, Caprarulo analizó: “La economía consolidó un régimen de alta inflación, a lo que este año se suma la falta de dólares producto de la sequía. Lo más probable es que la actividad caiga y, de ser así, que el ajuste se de principalmente en el empleo no formal”.
Ante la consulta sobre posibles soluciones, el economista apuntó: “No hay forma de mejorar la calidad del empleo más allá del régimen laboral que exista mientras la macroeconomía no se estabilice. La dificultad de lograr eso hace que aparezcan recetas mágicas que, como ya se demostró en el pasado, nos van a dejar con igual o menos empleo, pero más precario. La modernización del régimen laboral debe discutirse en profundidad sector por sector, dado que existe mucha heterogeneidad entre ellos. No existe una llave que resuelva todos nuestros problemas”.
A su turno, Ottaviano opinó: “Existe un planteo peligroso en este año electoral sobre flexibilizar el mercado de trabajo, lo que puede generar mucha tensión social. Por el contrario, el desafío es la simplificación tributaria, registral y formalizar relaciones laborales que hoy están desprotegidas”. En ese sentido, el especialista citó el caso de las pymes: “Tienen dificultades para la gestión de los impuestos y de sus plantillas laborales. Eso, en parte, es porque los mecanismos de registro, pago de impuestos y fiscalización tienen que ser modernizados, más simples, más ágiles”.
En la misma línea, Etulain resaltó que el tema más importante consiste en abordar en el corto plazo la recuperación de la capacidad adquisitiva de quienes trabajan. “Lo segundo es homologar derechos que hoy tienen los trabajadores formales a los demás trabajadores”, afirmó la economista, así como también “realizar un debate profundo sobre la idea según la cual no hay registro porque las cargas para el empleador son caras”. Y ejemplificó: “Una de las actividades que tiene un alto porcentaje de no registrado es el trabajo en casas particulares. Hay un sistema donde la contribución que debe hacer el empleador es mínima y, sin embargo, la actividad sigue mayormente desarrollándose bajo la informalidad”.
