Alcances y límites de una medida destinada al trabajo de casas particulares. Las estadísticas reflejan que el 99% de quienes se ocupan en el sector son mujeres.
Por Ana Capaldi *
La chica que limpia en casa, la señora que me ayuda, la sirvienta, son algunas de las formas frecuentemente utilizadas para llamar a las trabajadoras de casas particulares o empleadas domésticas, ocultando el vínculo laboral existente entre la parte empleadora y las trabajadoras.
No resulta extraño que la informalidad laboral y las bajas remuneraciones sean un sello característico de esta ocupación, reproduciendo las desigualdades de clase y género. Las estadísticas reflejan que el 99% de quienes se ocupan en el sector son mujeres, 7 de cada 10 trabajadoras no se encuentran registradas en la seguridad social y el ingreso medio de la actividad ronda los $12.251, siendo el más bajo del mundo laboral.
Para paliar las consecuencias de la pandemia y las desigualdades del sector, en septiembre de 2021 el gobierno nacional lanzó el Programa REGISTRADAS, cuyos objetivos son mitigar la informalidad laboral, garantizar el acceso y permanencia en un empleo registrado e incentivar la bancarización. ¿Cuál es el alcance de la medida? ¿Podrá cumplir con sus objetivos?
El impacto de la pandemia
La pandemia afectó fuertemente al sector. Por un lado, empeoraron las condiciones laborales de las trabajadoras y, por otro lado, muchas de ellas perdieron su fuente de trabajo.
Sobre el primer aspecto, durante las etapas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) muchas mujeres continuaron trabajando en hogares expuestas al riesgo de contagio de COVID-19, aun cuando sus tareas no implicaran el cuidado de personas (actividad declarada esencial en Argentina). En términos sanitarios, estas trabajadoras se encuentran mayormente desprotegidas, ya que el 70% no accede a una obra social.
Además, quienes mantuvieron la relación laboral durante la pandemia, cumpliendo con la ley, tuvieron dificultades para pagar los salarios porque la mayoría de las trabajadoras no posee una cuenta bancaria.
Sobre el segundo aspecto, la actividad cayó fuertemente con la pandemia, la cantidad de trabajadoras disminuyó un 30% entre el primer trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2020. A su vez, la alta incidencia de la informalidad laboral impidió el acceso a indemnizaciones o seguros por desempleo que generan un piso mínimo de ingresos.
Programa REGISTRADAS
Es un programa destinado a trabajadoras de casas particulares que laboran un mínimo de 12 horas semanales en un mismo hogar. Consiste en un incentivo para la formalización y permanencia en el empleo en donde el Estado entrega una suma de dinero fija a las trabajadoras durante 6 meses, que ronda entre el 30% y el 50% del salario, a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. La transferencia de dinero se realiza en una cuenta sueldo del Banco Nación, la cual se abre automáticamente y de forma gratuita.
La parte empleadora contrae la obligación de pagar el resto del salario, registrar a la trabajadora en AFIP, realizar los aportes y contribuciones, y mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.
Si bien el programa tiene como fundamento principal la crisis del sector en el marco de la pandemia, no es la primera medida que se realiza a través de incentivos a la parte empleadora. El antecedente principal se encuentra en la Ley N° 26.063 sancionada en 2005, que permitió a empleadoras/es deducir del Impuesto a las Ganancias, salarios y contribuciones patronales.
Alcances y límites del REGISTRADAS: la agenda pendiente
Es destacable el acierto del gobierno diseñando políticas públicas que mejoren la situación del sector tras el duro impacto de la pandemia. No obstante, hay que tener presente que los programas de incentivos la parte empleadora solo tienen sentido si se elaboran e implementan políticas públicas integrales que aborden todas las aristas del problema.
Un eje central que debe articularse con este tipo de programas es la fiscalización estatal. Generar formas innovadoras de inspección ante la imposibilidad de acceder a los hogares sin la aprobación de la parte empleadora es una deuda histórica en el sector. En octubre pasado se conoció una iniciativa novedosa del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que realizó una serie de operativos de control en barrios privados intimando a que presenten el listado de entrada y salida de trabajadoras/es, con el fin de corroborar que se encuentren registradas/os en la seguridad social, se respete la jornada laboral y los derechos reconocidos.
También es importante fomentar campañas de difusión y toma de conciencia sobre los derechos instituidos en la ley que establece el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y fortalecer los sindicatos y asociaciones del sector. Generalmente, las negociaciones laborales y el reconocimiento de derechos se ven obstaculizados por el vínculo afectivo entre trabajadoras y empleadoras/es. Por ello, que las trabajadoras conozcan y defiendan sus derechos es fundamental.
Para que el Programa REGISTRADAS cumpla con sus objetivos y no sea una mera transferencia de recursos estatales, se necesita de un Estado activo que articule una batería de políticas en el sector. Este camino es imprescindible para mejorar las condiciones laborales y ampliar la protección social de este grupo de trabajadoras que son las más afectadas ante las crisis del mundo laboral.
* Investigadora de Atenea, Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional. Licenciada en Ciencia Política, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y Maestranda en Políticas Sociales (UBA).
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