Presentamos un nuevo informe como resultado del trabajo articulado con la Fundación SES. El análisis realizado busca ser un aporte para el debate en torno a las problemáticas sociolaborales de los y las jóvenes (16 a 29 años).
Jóvenes desprotegidxs
Los y las jóvenes son más vulnerables que la población media, tienen tasas de no registro y desocupación más altas. El 45% del total de los y las jóvenes en Argentina son trabajadores desprotegidos/as (trabajo que se encuentra por fuera de la protección laboral enmarcada en el Art. 14 bis), lo que no sólo repercute en su condición laboral sino también en la posibilidad de estudiar y de acceder a derechos básicos como una cobertura de salud:
- Su situación de desprotección laboral está directamente relacionada con la vulnerabilidad de ingresos en el hogar. La gran mayoría vive en hogares donde no se llega a cubrir un SMVM per cápita
- Cada vez más jóvenes se inclinan hacia el trabajo independiente, como una alternativa laboral frente a la falta de empleo. Lejos del ideal de los y las «jóvenes emprendedores»; la gran mayoría se desempeña en ocupaciones no calificadas y no llegan a cubrir ni la mitad de un SMVM. Cerca del 50% de los jóvenes trabajadores independientes es pobre.
- Las jóvenes amas de casa se encuentran en una situación aún más crítica. 6 de cada 10 se encuentra por debajo de la línea de pobreza y la mitad no pudo terminar el secundario. Lo que está directamente relacionado con el rol que cumplen vinculado al cuidado y gestión del hogar.
- Por último, el 30% de los y las jóvenes son estudiantes. Si bien la mayoría de quienes pueden estudiar, vienen de un hogar donde el jefe/a tiene un empleo registrado, la mitad de los jóvenes estudiantes está por debajo de la línea de pobreza. El informe cuenta el análisis de otros indicadores sociolaborales de la población joven que completan el estudio.
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Fundación SES y Atenea
El trabajo articulado entre ambas organizaciones ya lleva xx años, a lo largo de los cuales consolidamos el conocimiento sobre juventud y trabajo, con el objetivo de aportar a la elaboración e implementación de políticas públicas que atiendan las demandas específicas de esta población en relación al mundo laboral. Fundación SES fue creada en 1999 y promueve la inclusión juvenil desde un enfoque en el desarrollo de sus derechos. Trabaja junto a otras organizaciones sociales, empresas, organismos internacionales y Estados implementando iniciativas en América Latina y en Europa.
El informe propone una breve reconstrucción y síntesis de las políticas implementadas por el Gobierno de Alberto Fernández para atenuar el impacto de la pandemia sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Se busca reflexionar sobre las medidas propiamente diseñadas, el rol del Estado en su intervención económica y social y los desafíos que evidencia la gestión de la pandemia.
Por segunda vez en 10 años, un gobierno peronista se encuentra enfrentando una crisis internacional sin precedentes. La primera fue durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, inició en 2008 e impactó fuertemente en la economía argentina durante casi tres años. La respuesta a dicha recesión global fue la profundización de la intervención estatal ampliando las políticas destinadas a promover el empleo y expandir los derechos de la seguridad social -propia del trabajo registrado- a los trabajadores y las trabajadoras informales. En este contexto se implementaron múltiples medidas: sostenimiento de las negociaciones paritarias por encima de la inflación interanual; ampliación de la cobertura previsional mediante moratorias para personas en edad de jubilarse (Plan de Inclusión Previsional); implementación de nuevos programas como el Plan de Ingreso Social con Trabajo (PRIST- conocido como “Argentina Trabaja”), mediante el cual se buscó crear unos cien mil puestos de trabajo para desocupados y desocupadas en situación de pobreza. También se reactivó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) -en funcionamiento desde el año 2002- que subvencionaba la masa salarial de las empresas que manifiestan estar en situación de crisis. No menos importante fueron otras políticas para expandir los ingresos, se creó la Asignación Universal por Hijo en 2009, que luego incluyó a mujeres embarazadas con la Asignación Universal por Embarazo (2011).
Todas las políticas públicas encaradas por el kirchnerismo desde 2003 ubicaron al trabajo en el centro, como principal instrumento para la inclusión social, en un proceso de contrarreforma de las recetas neoliberales de los años ´90.
Pasada poco más de una década, Alberto Fernández asumió el cargo de Presidente de la Nación en medio de una fuerte demanda social y política de cambiar el rumbo en la orientación de las políticas estatales. Sin embargo, el flamante gobierno debió enfrentar un desafío aun mayor, la pandemia del Covid-19 forzó a suspender la mayoría de las actividades económicas en el país, dejando al 90% de la población en aislamiento social dentro de sus casas.
La crisis económica y social producida por el Covid-19 no cuenta con precedentes en la historia mundial contemporánea. Según la Organización Internacional del Trabajo en su reporte de abril, en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo mundial de alrededor del 6,7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo.
Las características de la crisis son anómalas, aun luego de controlar (si es posible) la enfermedad viral, las problemáticas económicas y sociales se agudizarán ya que el efecto de la suspensión de la mayoría de las actividades productivas conllevará grandes pérdidas de puestos de trabajo y de ingresos para los argentinos y las argentinas.
El gobierno ha tomado decisiones audaces para contener la expansión de la pandemia en Argentina preservando la capacidad de respuesta del sistema de salud. Por otro lado, en materia socioeconómica, el Gobierno Nacional ha actuado de manera progresiva, implementando una batería de políticas de manera escalonada e incremental en la medida en que fue extendiendo la duración de la cuarentena. Las medidas adoptadas fueron evolucionando a medida que se extendió el aislamiento social preventivo y obligatorio para, en la medida de sus posibilidades, cubrir las necesidades de todos y todas, empezando por los grupos considerados vulnerados, que son jubilados y jubiladas y los trabajadores y las trabajadoras desprotegidos: cuentapropistas, informales y desocupados/as. Sin embargo, a poco tiempo debió ampliar el alcance de su intervención hasta solventar parcialmente los salarios de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia de todas las actividades, además de asistir también a monotributistas de las categorías C y D y autónomos. Esta fue la última de las medidas anunciadas a la fecha (21/4/2020).
En primer lugar, se otorgaron refuerzos (bonos) a jubilados/as, pensionados/as y titulares de AUH y planes sociales. Luego, se ofrecieron créditos a las empresas al 24% para poder solventar los salarios en momento de caída de la actividad económica. También se incrementó el monto correspondiente al seguro de desempleo ($10.000). A su vez, se realizaron transferencias de ingresos (IFE) a aquellos trabajadores y trabajadoras desprotegidos, que vieron fuertemente discontinuadas sus actividades y no cuentan con la protección de la seguridad social. Así, sucesivamente fueron diseñándose nuevas medidas necesarias para garantizar el acceso a la alimentación, a un ingreso por parte de las familias, o al salario por parte de los trabajadores/as en relación de dependencia. Paradójicamente, la crisis tiene una magnitud tan brutal, que contar con la protección del trabajo registrado no garantiza quedar excluido de los perjuicios de la pandemia.
En pocas semanas, las medidas destinadas al sector empresarial debieron ampliarse (Repro), no solo a las empresas que fueran afectadas críticamente (inicialmente se incluía solamente a sectores no esenciales) sino aquellas firmas cuya facturación fuera menor al año anterior, abonando el Estado un salario complementario del 50% con un tope máximo de dos Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).
Por otro lado, se pusieron en marcha diversas medidas para proteger el consumo y el poder adquisitivo de los ingresos: precios máximos de bienes básicos, articulación con municipios para la fiscalización de los precios, suspensión de los cortes de servicios básicos por 180 días a quienes no puedan pagarlos y congelamiento de alquileres. A continuación, se listan las políticas argentinas para la protección del empleo y los ingresos frente a la crisis producida por Covid-19.
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Medida |
Objetivo |
Población destinataria |
| Bono de para jubilados/as que perciben el haber mínimo: $3.000 adicionales al cobro de haberes | Refuerzos en la política de protección social |
Jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, PUAM. Aproximadamente 4.500.000 personas. Hay 2.799.952 de jubilados/as y pensionados que cobran el haber mínimo. Fuente: ANSES Titulares únicos con al menos una jubilación o pensión contributiva, y quienes sobran hasta $18.891,49. |
| Bono de $3.100 para quienes cobran AUH y AUE y dos meses adicionales de gracia, abril y mayo, para los créditos de Anses | Refuerzos en la política de protección social |
Titulares de AUH y AUE. 4.000.332 personas en junio 2019 Fuente: ANSES |
| Bono complementario de $3.000 para pensiones no contributivas: por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más, y demás pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES, perceptores de programa Hacemos Futuro y Salario Social | Refuerzos en la política de protección social | Los y las titulares del Programa Hacemos Futuro y Salario Social Complementario son aproximadamente 550 mil personas en junio de 2019, 257.333 pertenecen al programa Hacemos Futuro. Además, según los datos del SIEMPRO (MDS) para el segundo trimestre de 2019 1.418.119 titulares de pensiones no contributivas. |
| Seguro de desempleo | Incremento del monto de $6.000 a $10.000 |
Desocupados/as. 120.250 personas en junio 2019 Fuente: ANSES |
| Suspensión de corte de servicios públicos a quienes no puedan abonar las boletas. | Alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas natural por redes, agua corriente, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable, espectro radioeléctrico y satélite. | Titulares de la AUH y AUE, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos ($ 33.750), inscriptos en el monotributo social, jubilados, pensionados y trabajadores que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, monotributistas inscriptos en las categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y exentos en el pago del ABL o tributos locales de igual naturaleza. |
| Ampliación del Programa de Recuperación Productiva (Repro): se pagará una parte del salario de los trabajadores y se exime el pago de las cargas patronales en sectores afectados por la pandemia. | Garantizar el pago de salarios y evitar incremento de despidos y suspensiones. | Empresas afectadas críticamente |
| Incremento en las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos. Carga semanal de la Tarjeta Alimentar y distribución por correo de entregas pendientes. | Refuerzos en la política de protección social | Se otorgaron 1.500.000 Tarjetas Alimentar. |
| Precios máximos: se fijan los precios de alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad (Reso. 117/2020) | Proteger el poder adquisitivo de los salarios evitando avisos de comercios mayoristas y minoristas en el incremento de los precios. | Consumidores/as |
| Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): $10.000 para trabajadores/as desprotegidos/as | Reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad de trabajadores/as que ven discontinuados sus ingresos. Medida para la protección de amplios sectores sin acceso a la seguridad social. |
Monotributistas A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales y la totalidad del trabajo en casas particulares. 7.854.316 Fuente: ANSES |
| Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos: el Banco Central brinda nuevos incentivos a las entidades financieras para que incrementen los préstamos a MiPyMEs para el pago de sueldos. Esta línea se incorpora, en las mismas condiciones, a la que la entidad lanzara el 19 de marzo, en la que se promovían créditos a MiPyMEs a una tasa fija no superior al 24% anual para afrontar capital de trabajo | Garantizar el pago de salarios y evitar incremento de despidos y suspensiones. | Pequeñas y medianas empresas |
| Congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojos: el Gobierno Nacional resuelve suspender en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre, el desalojo de inmuebles por falta de pago, prorrogar la vigencia de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado, congelar el precio de los contratos de alquiler, debiéndose abonar hasta el 30 de septiembre el monto correspondiente al mes de marzo del corriente año. | Proteger el poder adquisitivo de los salarios/ingresos de las familias inquilinas. | Aproximadamente 8 millones de personas según la ONG Inquilinos Agrupados. |
| Prohibición de despidos por 60 días: prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. (Dec. 329/2020) | Protección del empleo. |
Trabajadores/as en relación de dependencia (Asalariados registrados del sector privado: 6.026.040. Fuente: SIPA, Enero 2020) |
| Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: consiste en la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de contribuciones patronales, la asignación compensatoria al salario para trabajadores a cargo del Estado, un sistema integral de prestaciones por desempleo y asistencia a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo. | Proteger el empleo frente al impacto económico de la emergencia sanitaria y contener la caída de la actividad productiva. |
Está destinado tanto a empleadores como a trabajadores de sectores afectados críticamente por la cuarentena. Se inscribieron 420.000 empresas al 23/4/2020. |
| Coordinación municipal para la fiscalización y control de precios: convocatoria a gobiernos locales para el control de los precios fijados por el Gobierno Nacional de los bienes básicos. | Proteger el poder adquisitivo de los salarios/ingresos y el acceso a los bienes básicos. | Consumidores/as |
| Ampliación del Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, un salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado (50% a cargo del Estado) así como sistema integral de prestaciones por desempleo. Se amplifica la reducción de aportes patronales. | Profundizar las medidas para contener el nivel de empleo y garantizar el pago de los salarios. |
Empresas y trabajadores/as. Monotributistas y autónomos. Monotributistas: 1.609.942 Monotributistas sociales: 364.904 Autónomos: 392.373 Asalariados registrados del sector privado: 6.026.040 Fuente: SIPA, Enero 2020) La medida alcanzaría a 4,8 millones, el 80% según Matías Kulfas. |
| Refuerzo extraordinario de $4.000 (un hijo/a) o $6.000 (dos hijos/as) para titulares de Tarjeta Alimentar | Refuerzo de la política de protección social | 1.500.000 de titulares de Tarjeta Alimentar |
Fuente: Elaboración propia en base a información oficial publicada en https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
Desafíos para el Estado en tiempos de pandemia
Aún con todas las dificultades económicas que enfrenta, el gobierno argentino ha encarado una cuarentena estricta y ha impulsado iniciativas que implican un esfuerzo fiscal importante. El total de todas las medidas adoptadas suma una erogación de 850.000 millones de pesos, un paquete equivalente al 2.9% del Producto Bruto Interno (PBI).
Fuente: Elaboración propia a datos oficiales del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/noticias)
La crisis deja al descubierto múltiples obstáculos. En primer lugar, debido a la singularidad de la crisis actual que requiere de una proactividad estatal inédita, quedó en evidencia la ausencia de capacidades de gestión para abordar las necesidades de todos los grupos poblacionales del país. El gobierno debió atender la situación de las familias argentinas en relación a su inserción en la estructura social pero progresivamente comprendió que toda la sociedad en su conjunto requería de la asistencia del Estado. La necesidad de esta masiva intervención económica ha mostrado grandes dificultades para la organización estatal a nivel mundial, a tal punto que los distintos países se disputan -geopolíticamente- la mayor efectividad en el combate a la pandemia. La enorme cantidad de políticas implementadas debió activar una batería importante de regulaciones y resoluciones -cambiantes y difíciles de comunicar-, poniendo a la ciudadanía en alerta permanente frente a la incertidumbre de poder contar con alguna herramienta adicional para atravesar el confinamiento.
En segundo lugar, Argentina atraviesa obstáculos coyunturales como la renovada situación de endeudamiento externo. Este mes, aun en medio de todas las políticas anunciadas, se comunicó también la propuesta de canje de deuda en dólares por u$s 66.238 millones (Secretaria de Finanzas), de los cuales u$s 4.500 millones corresponden a un potencial ahorro del corriente año. Estos compromisos, imposibles de afrontar para el país, exponen a su vez que el Estado tiene vedadas todas las posibilidades de endeudamiento externo para hacer frente a la crisis actual, por lo que debe erogar recursos con los que no cuenta, agravando la posición de negociación frente a los acreedores internacionales.
En tercer lugar, la pandemia enrostra obstáculos que se están volviendo crecientemente estructurales. La heterogeneidad del mercado de trabajo argentino, con creciente desprotección de sus trabajadores y trabajadoras pone en jaque la posibilidad de garantizar la vida en igualdad de condiciones para todos y todas sus habitantes. En otras palabras, a pesar de que siempre se recuerda como característica diferencial que en Argentina, respecto a América Latina, el 72,5% de quienes trabajan son asalariados y asalariadas. Hoy en día post-macrismo, los poco más de 7 millones de trabajadores desprotegidos con que cuenta el país (teniendo en cuenta el trabajo no registrado, cuentapropismo y desempleo), dejan al descubierto que más de la mitad de la población económicamente activa se encuentran en alta vulnerabilidad social frente a las consecuencias sociales de la crisis inducida por el coronavirus.
Desde diversos arcos ideológicos se señala que la crisis causada por la pandemia pone al descubierto la enorme vulnerabilidad de determinados grupos poblacionales: trabajadores desocupados/as, cuentapropistas que viven con el ingreso del día a día, trabajadoras de casas particulares en la informalidad, trabajadoras/es de la salud precarizados, asalariados/as no registrados que corren el riesgo de ser despedidos. Estas personas ya venían lidiando con la dificultad de sobrevivir previo a la pandemia, pero lo que la crisis actual ha visibilizado para la sociedad toda es que gran parte de nuestra población no cuenta con derechos laborales básicos.
Además, esta crisis también mostró es que son justamente aquellas instituciones laborales, acusadas de anacrónicas u obsoletas frente a las transformaciones que supuestamente demanda el siglo XXI y en consecuencia señaladas como necesarias de “modernización”, las que han oficiado de dique de contención frente a esta situación. Así como también son las organizaciones sociales, tantas veces estigmatizadas por considerar a quienes participan de las mismas como “planeras” o “vagos” las que sostienen a lo largo y ancho del país la alimentación y la contención de muchísimas familias gracias a su poder de capilaridad en los barrios más vulnerables.
Nadie sabe cuándo se terminará la pandemia, pero muy probablemente la flexibilización de la cuarentena responderá más a una necesidad económica que sanitaria. Lo que sí sabemos, es que cuando finalice, los problemas estructurales de la Argentina seguirán presentes. Será entonces momento de convocar a todos los actores sociales que están participando activamente en la contención de la crisis (organizaciones sociales, sindicatos, empresas) para reconstruir el tejido social, teniendo como eje principal la protección del trabajo.
