Frente a la pandemia resurge la figura del Estado como actor principal en la distribución de los recursos, lo que obliga a los tomadores de decisiones a apelar a la creatividad para no caer en la falsa disyuntiva aislamiento social / actividad económica.
Por Andrés Malandra.
El coronavirus se presenta como uno de los sucesos con mayor repercusión del siglo tanto en el mundo de la economía y las finanzas como en el de las relaciones sociales y la vida privada. Así como los vínculos cotidianos se transformaron sustancialmente a partir de la imposición del aislamiento social preventivo y obligatorio por parte del Estado Nacional, es lógico pensar que la economía y su dinámica en el mundo van a sufrir consecuencias y transformaciones ligadas principalmente al rol que deberán adoptar los Estados.
Nadie sabe con certeza qué tan malo alcanzará a ser el coronavirus y la recesión que traerá aparejada. Según la CEPAL el Covid-19 amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica. En el horizonte más optimista, el 5,7% de su población estará en esa situación en 2030; y en el más pesimista, el 11,9%.
El nuevo orden post pandemia implica que los gobiernos, principalmente aquellos de los países con mayor deuda, se sienten a establecer una nueva agenda internacional que posibilite por parte de los organismos multilaterales la condonación total o parcial de dichas deudas soberanas y flexibilización de los plazos de pago.
En consecuencia urge repensar de qué manera los Estados distribuyen los recursos. Incluso un editorial del Financial Times sostiene que «Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez; los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados».
En este contexto en el mundo resurgen discusiones en torno a determinadas políticas que históricamente fueron cuestionadas pero que actualmente no resultan tan disparatadas. Por un lado, en Alemania se presentó un proyecto para instaurar un impuesto a las rentas más altas del 5%. Esto abre la puerta a discutir realmente la estructura impositiva principalmente regresiva del país y la necesidad de transformarla sustancialmente en una progresiva. A tal punto que el presidente consideró acertado dar paso a la discusión en el recinto de diputados al proyecto presentado por Máximo Kirchner para la creación de un impuesto extraordinario a quienes participaron en el blanqueo de capitales.
Por otro lado en Estados Unidos se plantea la posibilidad de instaurar, al menos mientras dure el contexto pandémico, la Renta Básica Universal (RBU), dado que en una economía donde millones de personas viven de un sueldo a otro, una RBU de emergencia daría a los empleados no esenciales la oportunidad de quedarse en casa durante el brote de coronavirus, lo que ralentizará la propagación de la enfermedad. Cuantas más personas puedan permitirse quedarse en casa, mejor estaremos mientras persista la pandemia.
Nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a la posibilidad de ubicar al Estado como un agente fundamental en su rol de redistribuidor de los recursos. La falsa dicotomía entre salud y economía no sirve para pensar las respuestas que debemos dar frente a esta crisis. Lo que debe estructurar las decisiones estatales debe ser la garantía del acceso a la salud por parte de todos y todas. En este punto la economía debe brindar las herramientas necesarias para garantizar que actualmente se cumpla dicho objetivo.
Pero esto no implica pensar como única alternativa la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio ya que sería desconocer que grandes sectores de la sociedad, los más vulnerables, no pueden sobrevivir sin ingresos diarios. Por otro lado las consecuencias de mantener paralizada la economía irán aumentando con el correr de los días, afectando tanto al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras como también a las pequeñas y medianas empresas. Es así que las respuestas que se pongan en discusión requieren de la imaginación suficiente para identificar las dificultades y tensiones que implican cuidar la salud de las personas afectando de la menor manera posible la actividad económica.
Actualmente se requiere principalmente que la sociedad se aísle preventivamente para evitar contagios masivos, la prioridad no consiste en que siga trabajando. Pero esto debe considerar, como se mencionó previamente, las necesidades de obtener ingreses de vastos sectores. Es por esto que el Estado es quien debe ocupar el rol dominante para que no sea el mercado quien determine la dinámica social durante contextos como el que estamos viviendo. En primer lugar para evitar que las consecuencias del Covid19 sean mayores y luego para orientar las actividades y la economía hacia el bienestar de aquellos sectores más vulnerables y más golpeados por todo el contexto.
