Un balance sobre cuestiones centrales referidas a su alcance e impacto y respecto a las políticas sociales en general.
A 10 años de la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), es necesario hacer un balance sobre algunas cuestiones centrales referidas a su alcance e impacto, pero también respecto a las políticas sociales en general. Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, se viene produciendo un cambio en la estructura del mundo del trabajo, el cual provoca un empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento de registro en las categorías de contratación con modalidades cada vez más precarias, tales como el monotributo social. Esto genera efectos inmediatos sobre la estructura social y la situación de los sectores más vulnerables. La AUH se implementó en el año 2009 como parte del reconocimiento de los ciudadanos como titulares de derechos. Para el cobro, se necesita de la certificación de los controles de salud y de educación. Si bien se presentan discusiones en torno a la exigencia de una contraprestación principalmente por el hecho de que reproduce los roles de género al interior de la familia, es claro, basado en los resultados e impactos de dicha política sobre los indicadores sociales, que se busca fomentar la inclusión social basada en la generación de condiciones y capacidades para el logro del bienestar personal.
Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se comenzó a discutir la posibilidad de eliminar la exigencia de dicha contraprestación, pero no justamente por el hecho de considerarse un derecho y por ende no poder ser condicionado. Se puede observar un cambio de perspectiva en la protección social de la infancia que se orienta hacia el asistencialismo social y hacia la contención social que empobrecen las políticas de educación y salud. Por otro lado, los aumentos en el monto de la prestación dejaron de estar por encima de la inflación, como sucedía en la gestión kirchnerista, para pasar a otorgarse bonos extras de manera discrecional, lo que implica una (no tan) nueva forma de desprestigiar una política sin tener que eliminarla y pagar el costo político. Es así que resulta necesario retomar una concepción multidimensional de la pobreza que aborde la problemática desde la generación de capacidades y condiciones para la conformación de un Piso de Protección Social. Se debe comprender a la AUH como un programa que brinda las condiciones mínimas a partir de las cuales van a poder intervenir las demás políticas que conforman la planificación del desarrollo nacional. La protección social se comprende como una herramienta efectiva para el alcance de la movilidad social y la garantía de derechos que van a ser el puente para una posterior eliminación de la desigualdad y la erradicación de la pobreza. En este contexto de crisis económica, política e institucional que nos deja la gestión de Cambiemos, un paquete de medidas que busque realmente combatir la problemática de la pobreza debe contemplar no sólo transferencias monetarias sino también un conjunto de instrumentos que, mediante su articulación, darán forma a una mirada más compleja y completa de la problemática.
Es necesario conformar un sistema de planificación nacional basado en la participación de los diferentes niveles de gobierno y ámbitos territoriales, que permita la proyección y programación de las políticas públicas y el presupuesto del Estado, como unidad coordinadora de las diferentes responsabilidades y competencias entre las esferas estatales. Es así que los lineamientos constitucionales, la planificación y la nueva agenda pública y social establecen las prioridades en torno a la protección social como derecho humano. La estrategia consiste en garantizar un Piso de Protección Social y Seguridad Social. En este marco, dicha seguridad social como derecho fundamental se garantiza por el accionar del Estado y es abordada a través de multiplicidad de acciones y medidas complementarias, tanto para generar las condiciones de permanencia en el área de la seguridad social como también para intervenir para la inclusión de aquellos sectores de la sociedad que por diferentes razones no se encuentran dentro de la misma. En este sentido, se promueve un tipo de organización económica que fomenta la solidaridad y la cooperación entre los actores, la economía social y solidaria, sin dejar de remarcar el rol de la “economía de mercado”, priorizando la industria nacional, los pequeños y medianos productores y la protección de la competencia.
*Mg. en Políticas Públicas e investigador del Centro de Estudios Atenea
