En medio de la crisis económica, el Gobierno apuesta por el clientelismo con la discrecionalidad en la implementanción de un subsidio extraordinario a desocupados.
En medio de la crisis económica, el incremento de la desocupación a dos dígitos y el aumento de la pobreza, el Gobierno apuesta por el clientelismo, con la discrecionalidad en la implementanción de un subsidio extraordinario a determinados desocupados/as de algunas ciudades. El acto administrativo fue suspendido por una medida cautelar. El Ministerio de Producción y Trabajo emitió una resolución con el fin de realizar un Operativo de Pago denominado “Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo”. Consiste en una ayuda económica por única vez de $5.000 a trabajadores y trabajadoras desocupados/as, que se realizará, casualmente, durante el mes de octubre; y que a diferencia de otros programas de esta Ministerio se abonarán en forma persona y directa, y no a través de tarjeta magnética. La intencionalidad electoral queda aún más expuesta ya que el derecho a este beneficio caduca el próximo 8 de noviembre. Según la resolución de pago emitida, la medida alcanzará alrededor de 80.000 personas y se prevé destinar una suma de $400.325.000. Si se analiza la distribución geográfica de los montos, se observa que la provincia de Buenos Aires es el distrito que más fondos recibirá, concentrando alrededor del 56% del dinero. Otra gravedad institucional de la medida radica en que, el programa apunta a desocupados/as en general, pero sin embargo no cumple con los requisitos de haber sido publicado en el Boletín Oficial, lo cual le confiere una potestad al acto de gobierno de discriminar a qué tipo de personas recibirán el bono. Por este motivo el Frente de Todos solicitó una medida cautelar a la justicia para que el Ministerio de Producción y Trabajo se abstenga de proceder a los pagos argumentando que “se pretender condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio”. La jueza electoral María Servini decidió otorgar la medida y ordenó al Ministerio suspender los pagos hasta después de las elecciones del 27 de octubre. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional se dedicó en sus casi cuatro años de gestión a desfinanciar todas las políticas de empleo. Además de la degradación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segridad Social a Secretaría, redujo la cantidad de personas a las que asistió. La Secretaría de Empleo alcanzó en el año 2015 a 1 millón de personas y en 2018, último dato consolidado disponible, sólo llegó a 700 mil, es decir un 30% menos. Por ejemplo el programa de Capacitación y formación por el que pasaron en el año 2015 más de 25mil personas, para el 2018 se redujo a 17.489 acompañando esta caída el presupuesto, que pasó de $977 millones en 2015 a sólo $162 en el presupuesto elevado al Congreso para el año 2020. La rapidez de la implementación en un escenario de campaña electoral deja entrever una práctica clientelar en detrimento de políticas públicas que promuevan oportunidades laborales. Cambiemos decidió jugar una de sus últimas cartas antes de las elecciones, transfiriendo más de la mitad del presupuesto de este Subsidio Extraordinario a la provincia que gobierna María Eugenia Vidal y que perdió las PASO frente al candidato Axel Kicillof. El Gobierno ha optado por ampliar el asistencialismo, al mismo tiempo que decidió quitarle toda ayuda del Estado para poder incluirse laboralmente. Aumentó en casi el doble los planes sociales y achicó a un tercio las políticas activas de empleo. El desprestigio y desfinanciación de los programas de empleo obedecen a un modelo económico económico donde más de 9 millones de argentinos/as tienen problemas de empleo.
