Una propuesta pedagógica tan ambiciosa como inconsistente que pareciera no tener coordinación entre los objetivos y los medios organizativos para lograrlos.
Alejandro Dolina relata la historia de una antigua escuela japonesa cuyo único propósito era impartir disciplina, como si esta fuera un fin en sí mismo y no un medio para lograr objetivos. Así, los preceptores de la escuela castigaban a los alumnos independientemente de que estos adoptaran una conducta infractora, y sancionaban o premiaban estudiantes sin ningún tipo de criterio, solamente para hacerles sentir el rigor de la autoridad. El diseño de algunas políticas públicas de Cambiemos pareciera compartir la lógica de estos maestros japoneses: distribuye premios y castigos a la población sin un sentido aparente, toma resoluciones sin tener un diagnóstico previo, y establece una relación poco virtuosa entre medios y fines.
Este parece ser el caso del Servicio Cívico Voluntario en Valores, un proyecto elaborado por el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina (IUGNA) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que consiste en un curso de tres meses de duración, con una carga horaria de cuatro horas por semana, y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años. Con objetivos ambiciosos y fundamentos imprecisos, el documento del programa afirma que hay más de un millón de jóvenes con un “horizonte no muy claro”, capaces de asociarse a la delincuencia si no se los reencauza en valores “democráticos y republicanos”. La capacitación prevé talleres donde los jóvenes aprenderían temas tan variados como educación cívica, prevención de enfermedades y usos problemáticos de sustancias, problemática ambiental y modos de actuar ante desastres naturales, conocimientos técnicos de oficios gastronómicos, metalmecánicos y hasta cómo instalar un aire acondicionado. Una propuesta pedagógica tan ambiciosa como inconsistente que pareciera no tener coordinación entre los objetivos y los medios organizativos para lograrlos.
El primer problema de esta política es el diagnóstico del que parte. En la justificación del programa del SCV se afirma que existen más de un millón de jóvenes de entre 18 y 25 años que no estudian ni trabajan, de los cuales un 80% provendría de hogares pobres. Los datos que ofrece el Ministerio de Seguridad buscan caracterizar a este conjunto de jóvenes como potenciales peligros para la sociedad, aduciendo que esta población es susceptible de ser “cooptados por la delincuencia organizada”. El diagnóstico es, por lo menos erróneo. Según un informe del CIPPEC -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento-, son 1.080.682 los jóvenes argentinos que no estudian ni trabajan, de los cuales el 67% son mujeres que cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores. Por lo tanto, si estas tareas hogareñas y maternales fueran reconocidas y remuneradas, esa cifra de jóvenes “ni-ni” descendería a 324.205, entre los que hay alrededor de un 10% de personas discapacitadas.
Un segundo desacierto de quienes diseñaron el SCV ha sido ignorar la necesidad de articulación con la educación obligatoria. Si bien el documento dice que la capacitación recupera la trayectoria educativa de los jóvenes y habla de un alto porcentaje de jóvenes que no completaron la educación secundaria, no ofrece en sí articulación con la escuela. La iniciativa pareciera apoyarse en una mirada simplista que ofrece como solución ocupar a los jóvenes en cualquier tarea simplemente para “alejarlos de la calle”, sin contemplar la evidencia empírica que arrojan los estudios que vinculan educación con trabajo. La mayoría de estos señalan que la retención educativa -que no es otra cosa que garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria sancionada en 2006- es la única estrategia que permite a los jóvenes continuar un camino de inclusión. La formación en cursos, talleres, oficios y capacitaciones sólo es aprovechada por quienes cuentan con las credenciales educativas obligatorias, como da cuenta la llamada hipótesis de avance acumulativo planteada desde el campo de la economía de la educación.
La provincia de Buenos Aires, un caso testigo
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor parte de inscriptos al SCV. Según un informe del Ministerio de Producción (2019), los jóvenes bonaerenses que no estudian ni trabajan alcanzan al 17% de la población de 18 a 24 años, de los cuales casi la mitad tiene la escuela secundaria incompleta. Hicimos un relevamiento de políticas públicas orientadas al sector y encontramos sólo dos iniciativas implementadas por el gobierno de María Eugenia Vidal: la creación de una cárcel para jóvenes y el programa “Abanderados”, que otorga la posibilidad de hacer una pasantía en el Estado a los alumnos de las escuelas públicas con mejores promedios. Por otro lado, las políticas implementadas por gobiernos anteriores que se mantuvieron fueron modificadas y parcialmente desfinanciadas. El programa “Envión” multiplicó sus beneficiarios -pasó de 50 mil participantes en 2015 a 117 mil en 2019- pero los montos quedaron desactualizados y la coordinación, que incluye alquileres y otros gastos corrientes, quedó cada vez más a cargo de los Municipios, mientras que el programa “Progresar” estableció condiciones de ingreso más restrictivas y el monto de las becas también perdió valor real. Resulta entonces una paradoja que el SCV se aplique mayormente en una provincia que disminuye los recursos para la formación educativa y la inserción laboral de aquellos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que pretenden ayudar.
Estas inconsistencias demuestran falta de coordinación, impericia y un gran desconocimiento de la problemática, que nos lleva a pensar que este proyecto -presentado en plena campaña electoral- simplemente busca fidelizar al núcleo duro de votantes de Cambiemos, compuesto principalmente por adultos mayores que tienen una mirada prejuiciosa de los jóvenes. De esta manera, el gobierno toma los discursos de ese sentido común para fundamentar su proyecto, y al igual que los maestros japoneses, aplica su rigor sin necesidad de causa, ofreciendo disciplina a los jóvenes de manera indiscriminada y como única solución.
Darío Spampinato. Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA). Investigador del centro de estudios ATENEA.
Elio De Antoni. Politólogo (UBA). Investigador del centro de estudios ATENEA.
