Una iniciativa legislativa propone discutir la obligatoriedad de la vacunación, librándola a la elección de las personas. Esta propuesta impacta en la accesibilidad a la salud de toda la población, particularmente de los grupos socioeconómicamente más vulnerables.
El proyecto de ley de “Consentimiento informado en materia de vacunación”, presentado por la diputada nacional de Unión Pro por la provincia de Buenos Aires, Paula Urroz, pretende eliminar la obligatoriedad de la vacunación dando libertad a las personas de aceptar o rechazar la acción. Esta propuesta legislativa se contrapone a la lógica del Calendario de Vacunación Obligatorio, considerado el más completo y avanzado de la región.
En detalle, el proyecto plantea que las personas pasibles de vacunación (obligatoria u opcional), o aquellas responsables de niños y niñas, deberán recibir información acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna conlleva para poder tomar la decisión final de seguir adelante o no con el acto médico. La fundamentación se basa en un conjunto de normativas que apelan al consentimiento informado del paciente y/o del responsable a cargo sobre las contraindicaciones, consecuencias o efectos adversos de la vacunación, apelando a los componentes y composición biológica de las vacunas. De esta forma, se ponen en discusión los pilares de la política de vacunación en Argentina basados en la obligatoriedad, gratuidad y accesibilidad, para pasar a pensar esta práctica como un acto netamente individual, librando la vacunación a la elección de las personas.
Jazmín Castaño, Coordinadora del Núcleo de Políticas de Salud del Centro Atenea, manifestó: “La importancia de la vacunación no se encuentra en un beneficio individual, sino que responde a una problemática de orden colectivo. Este proyecto de alguna manera justifica el retiro del Estado en materia de salud, cuando en realidad es un actor central que garantiza la provisión de vacunas gratuitas para toda la población. Nuevamente podemos ver que la política del gobierno de Cambiemos considera a la salud como un gasto y no como un derecho que debe ser ejercido plenamente”.
El Plan de Acción Mundial sobre Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que gracias a la vacunación se previenen unos 2,5 millones de fallecimientos cada año. Entendiendo los beneficios, diversas asociaciones profesionales del campo de la salud hicieron público su apoyo al derecho de vacunación obligatoria como una de las mejores intervenciones en materia sanitaria que posibilitó la erradicación de enfermedades causantes de grandes epidemias en Latinoamérica, como la viruela y la poliomielitis. Un claro ejemplo es el caso de la vacuna de la Hepatitis A que, en 2007, solo dos años después de su incorporación en el calendario nacional, posibilitó que no se realizaran más trasplantes hepáticos causados por casos fulminantes. Además, gracias a la sostenida implementación de esta política, en 2013 Argentina certificó la eliminación del sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita. Con el objetivo facilitar el acceso a esta herramienta de prevención para todos los habitantes, Argentina se posicionó en los últimos años como el primer país latinoamericano en incorporar la vacuna contra la meningitis en lactantes y adolescentes y es uno de los pocos países que amplió la cobertura contra el HPV (Virus del Papiloma Humano) a los varones.
En términos individuales, el beneficio más importante e inmediato de la vacunación es la protección contra la enfermedad. Sin embargo, la implementación de una política pública de vacunación, sostenida en el tiempo en un territorio, tiene como objetivo final el beneficio colectivo de la erradicación, eliminación y control de enfermedades inmunoprevenibles, limitando la propagación del virus y la enfermedad a través del contagio. Este tipo de medidas tiene un impacto epidemiológico muy alto, y por ello el rol del Estado resulta central, no sólo para garantizar la inmunización y protección individual a través de la gratuidad de esta política pública, sino también para prevenir enfermedades y reducir los costos de atención.
Instalar la idea de la libre elección en este tipo de prácticas, genera consecuencias en dos planos. Por un lado, le permite al gobierno de Cambiemos colocar en debate la idea de que el Estado no debe ser el responsable de garantizar el cumplimiento de este tipo de prácticas y la provisión de todos los recursos necesarios para ello en todo el territorio nacional. Por otro, esta propuesta tiene efectos en el plano social porque pondera la elección individual por encima de la salud del conjunto.
La oposición entre obligatoriedad y elección constituye un falso dilema por el simple hecho de que la vacunación es un derecho. Si se entiende así, el eje del debate no podría apoyarse en esa lógica binaria. Si bien la iniciativa parlamentaria fue retirada por el gran rechazo que evidenció en la opinión pública, instala la idea de la libertad de elección y esta falsa posibilidad de elegir impacta de forma diferencial en las personas de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas.
