Según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea, los cambios y derogaciones aplicadas por el gobierno nacional, dificultan la plena implementación de la Ley de Salud Mental.
La Ley de Salud Mental N° 26.657 sancionada en diciembre de 2010 instauró un vuelco de paradigma en el área e impuso el derecho a la protección de la salud mental de todos los habitantes y el pleno goce de los derechos humanos a personas con padecimiento mental que se encuentren en el país. A través de la Resolución 1003/16 publicada en julio pasado, el Ministerio de Salud a cargo de Jorge Lemus dispuso importantes cambios en el funcionamiento de las instituciones responsables de esta especialidad en Argentina. Entre las modificaciones más significativas se encuentra la baja de la Resolución Ministerial Nº 1484 (sep.2015), que permite tres acciones fundamentales: frenar la regulación de normas mínimas para la habilitación de nuevos establecimientos, no establecer el máximo de camas previstas para internación y no obligar la adecuación de estructura a entidades ya autorizadas.
Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea, los cambios planteados por el gobierno nacional impiden la plena implementación de los objetivos de la ley que apuesta a un abordaje comunitario e interdisciplinario de la problemática. Los especialistas afirman que uno de los ejes más debilitados con las actuales transformaciones es la perspectiva de derechos humanos garantizados por el Estado que promulga la ley. Entre ellos, el derecho a la atención sanitaria y social integral, humanizada, gratuita, igualitaria y equitativa fundada en principios científicos y éticos. También la posibilidad de contar con acompañamiento durante el tratamiento y de recibir asesoramiento jurídico. Además, se explicita el derecho a no ser discriminado por un padecimiento mental, el derecho a la intimidad y a no ser objeto de investigaciones clínicas, entre los más fundamentales. Es importante señalar que la normativa incorpora todo lo vinculado con las adicciones, que incluyen el consumo problemático de sustancias como drogas, alcohol hasta psicofármacos.
A pesar de tratarse de un sector sensible y teniendo en cuenta las dificultades para su ejecución plena, la Ley de Salud Mental de 2010 consiguió generar diversos cambios a nivel institucional. El incremento de dispositivos intermedios aumentó un 64% en solo dos años (pasó de 142 en 2012 a 233 en 2014), la variación de la cantidad de camas en hospitales monovalentes disminuyó
de 2156 a 1815 en 2014 (un 19%) y aumentó un 88% la cantidad de hospitales generales con disponibilidad de internación por problemas de salud mental en ese mismo periodo (de 146 a 275).
Atenea considera que desde lo terapéutico, se debe apostar al fortalecimiento de una red de atención que funcione reconociendo a los pacientes como capaces y autónomos y no reproduciendo relaciones manicomiales que se tornan estáticas y circulares. Este abordaje no propicia un quiebre en los lazos sociales sino todo lo contrario, auspicia los centros de atención primaria como foco de contención médica acercando a las personas del entorno social para tratar la problemática, y también promociona como último recurso posible las internaciones siempre dentro de un hospital general.
Medidas como las expuestas son el puntapié para la creación de dispositivos y mecanismos de resocialización de las personas con padecimiento psíquico. Aunque todavía ese modelo se encuentra lejos de su ejecución total, los cambios producidos por el actual gobierno nacional amenazan la continuidad e implican retrocesos. Atenea expone que el análisis sobre los cambios y el nuevo posicionamiento, no deja de estar vinculado con los intereses económicos y corporativos que perderían poder como la industria farmacéutica y parte de la comunidad médica, quienes abogan por la medicalización del sufrimiento psíquico y la prescripción indiscriminada de medicamentos como única forma de tratamiento.
