Por Tania Etulain *
Aferrarse a la sociedad del pleno empleo formal sería negar la historia. Hoy asistimos a una “balcanización” de las relaciones laborales y nos resulta doloroso. Esta herida puede ser resignificada, pero para ello debe ser comprendida. Esquemas de políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede ser el paladín que nos permita empezar a pensar cómo salimos del problema de la falta de empleo formal considerando que las personas trabajan, pero hoy más de la mitad de la población que lo hace no accede a los derechos asociados a esa actividad.
Veamos qué sucedió 12 años atrás: el decreto de creación de la AUH se sustentó, entre otros, en el siguiente considerando: “Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona”. Cristina Fernández de Kirchner comprendió la cuestión social y le dio forma, una forma que aún hoy sigue vigente.
¿Por qué decimos que la AUH abrió una nueva etapa en la forma de intervención del Estado argentino en la cuestión social? Por un lado, se incorpora el subsistema no contributivo al régimen de Asignaciones Familiares y se reemplaza el Programas Familias manteniendo las condicionalidades de salud y educación. Con anterioridad a esta medida, los niños, niñas y adolescentes que tenían a sus padres y a sus madres fuera del mercado de empleo formal no obtenían el derecho de la asignación familiar.
Las autoras Ana Grondona y Vilma Paura, en diferentes investigaciones, dan a conocer tres puntos centrales para sostener la argumentación precedente. Primero, la AUH imprimió una diferencia respecto a los modos de gestionar las poblaciones sin trabajo desmarcándose de la urgencia, la transitoriedad y la contraprestación laboral. Segundo, es una extensión de un derecho que es la asignación familiar a trabajadores informales, monotributistas y desocupados. Por último, la transferencia se financia y distribuye mediante las instituciones de la seguridad social (ANSES) y no a través del Ministerio de Desarrollo Social.
Entonces, tal como describe el considerando del decreto de creación de la AUH, el trabajo decente o formal es el horizonte principal a la hora de pensar políticas públicas de empleo, sin embargo, la cuestión social muestra y mostraba que no todos los trabajadores argentinos acceden a él. Esta es la razón de la AUH, muchas de las personas que trabajan no cuentan con relaciones formales de empleo. En consecuencia, en algunos casos, las personas que trabajan acceden a ingresos vinculados a la actividad que realizan, pero no a los derechos estipulados en normas nacionales e internacionales.
Ahora bien, ¿qué pasa en el mercado laboral hoy? ¿por qué este esquema de compresión de la cuestión social y de materialización de política pública puede ser paladín para pensar intervenciones a favor de las personas que trabajan?
Haciendo hincapié en los datos aportados desde el Centro de Estudios Atenea de la Población Económicamente Activa – trabajadores ocupados y desocupados- el 52,5% se encuentra en condiciones de desprotección laboral. De ese total, el 37,6% se compone de trabajadores bajo relaciones de dependencia precarias, el 40,6% son trabajadores por cuenta propia y familiares sin remuneración y el 21,8% de la desprotección les corresponde a los trabajadores desocupados que alcanzaron el 11,5% de la PEA durante 2020.
Sin lugar a duda, la problemática que aqueja a las personas que trabajan bajo formas desprotegidas se visibilizó durante la pandemia. El aislamiento implicó para muchas familias la imposibilidad de generar dinero y esto se manifestó en los números de inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual resolvió -por corto plazo- un solo problema asociado al trabajo: el del ingreso.
Otro de los puntos centrales es que desde hace tiempo sabemos que la sociedad industrial y su potencial para generar empleo de calidad se encuentra en retroceso. En parte, esto pone de manifiesto que el mapa laboral actual no logre explicarse exclusivamente por las categorías tradicionales. La relación capital-trabajo y la explotación de la fuerza de trabajo persiste bajo formas menos transparentes y se vuelve imperioso un reconocimiento conceptual, teórico y jurídico de estas nuevas formas para lograr equiparar en derechos a los y las trabajadores y trabajadoras argentinos.
El Estado, y por sobre todo los gestores de políticas públicas, deben comprender la actual cuestión social y darle forma. Por un lado, y principalmente, realizando medidas que incentiven la creación de puestos formales de trabajos – el programa Registradas es un ejemplo de esto, pero también hay que fortalecer el esquema de fiscalización, pensar la formación teniendo en cuenta las necesidades de los empleos actuales y otorgar incentivos a las empresas. Pero, por otro, comprender que nuevas formas de trabajo llegaron para quedarse – monotributistas, changarines, quienes cuidan y gestionan sus hogares- y para ellos y ellas aún faltan esquemas de protección.
Si el Estado tiene que estar allí donde el mercado excluye y abandona, hoy la política debe hacerse eco que la mitad de quienes trabajan no tienen derechos a licencias pagas, jubilación, aguinaldo, filiación sindical, entre otros. Hace doce años empezamos el camino de la extensión de un derecho como fue el de la asignación familiar. Es hoy, es la hora, tenemos que construir una sociedad más integrada, más igualitaria y uno de los caminos puede ser intervenir en la cuestión social reconociendo, extendiendo y materializando los derechos conquistados por la clase trabajadora a lo largo de su historia.
* Politóloga. Coordinadora del Área de Trabajo Desprotegido en el Centro de Estudios Atenea.
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