Hay en la Argentina entre 150 y 200 mil personas que cartonean. Las cooperativas tomaron un lugar crucial en épocas de pandemia
Por Ayelén Cura* Santiago Hayden*
La recolección, transporte y tratamiento de residuos es una de las actividades esenciales desde el inicio de la cuarentena según el decreto 297/2020. Pero esta norma no se cumplió en su totalidad ya que la recolección y tratamiento de materiales reciclables está delegada a un sector mayoritariamente informal y escasamente regulado de la economía: miles de cartoneros y cartoneras en todo el país vieron impedida su movilidad y por ende su capacidad de trabajo.
Desde la cuarentena, sus ingresos desaparecieron de un día para el otro, al no poder juntar y vender materiales como cartón y papel (principal fuente de ingresos), aluminio,plásticos, entre otros. Por otro lado, antes de la pandemia, muchos completaban sus ingresos con algún programa social, y es esta cuestión la que no les permite ser beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) creado por el Gobierno Nacional. En contrapartida, las cooperativas de cartoneros y cartoneras se convirtieron en eslabones fundamentales para paliar el hambre en los rincones más vulnerables del país por medio de comedores comunitarios donde el Estado aun no llega, repartiendo alimentos u organizando ollas populares.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) hay en el país entre 150 y 200 mil personas que cartonean, con realidades muy heterogéneas. El número de trabajadores crece y decrece en función de la realidad económica y social que vive el país. Hay quienes lo toman como un trabajo diario y es su única ocupación, y otros lo practican de manera intermitente. Se trasladan varios kilómetros y se organizan en rutas con sus bolsones y carros, entre barrios y ciudades buscando aquellas zonas más ricas en materiales recuperables. Si bien avanzaron fuertemente en su organización gremial, es un trabajo altamente desprotegido: sin ingresos fijos asegurados, sin jornadas laborales determinadas, sin licencias con goce de sueldo, obra social ni jubilación, a lo que se le suma el riesgo de la actividad misma, agravadas por este contexto en donde permitir su desarrollo podría exponerlos a contagiarse de coronavirus.
Cerca de quince mil cartoneros y cartoneras están nucleados en cooperativas a lo largo y ancho del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay casi seis mil agrupados en cooperativas, que son parte del sistema formal de recolección del gobierno. Por ello, además de recibir ingresos en función de lo que recolectan, perciben un «subsidio». En otros distritos, hay cooperativas de cartoneros que funcionan al margen de cualquier relación con los municipios, es decir que recuperan materiales con valor y los comercializan, pero sin ninguna política pública que enmarque o guíe la recolección de estos materiales. También están quienes salen solos y no necesariamente todos los días en casi todas las ciudades del país, incluida la Capital Federal. En el último escalón están aquellos y aquellas que buscan material en los basurales a cielo abierto.
Desde la cuarentena los cartoneros y cartoneras vieron imposibilitado realizar su trabajo. Esto se debió a que en todos los municipios (responsables por la gestión de los residuos) la recolección de los materiales reciclables está delegada a cartoneros y cartoneras bajo permisos legales muy frágiles o directamente inexistentes.A esto se suma que el material no pueden venderlo dado que los «galponeros», quienes les compran el material para venderlo a las industrias, también se encuentran cerrados por la cuarentena.
Los magros ingresos que obtienen de esta venta son a veces completados por pequeños subsidios de gobiernos municipales o provinciales, como también por transferencias que reciben al ser beneficiarios de programas sociales del Estado Nacional. Paradójicamente aquellos ingresos complementarios que durante la «época pre-pandemia» les permitían llegar a fin de mes, hoy son los que les impiden a la mayoría poder cobrar los $10.000 del IFE, ya que resulta incompatible. Por lo tanto, este sector de trabajadores dejó de recibir ingresos por su trabajo y ahora sólo cuentan con los aportes de los programas sociales, situación que los deja aún más vulnerables.
En este marco social y económico las cooperativas de cartoneros se volvieron aún más relevantes para contener esta enorme crisis. Muchas también cuentan con merenderos y hacen ollas populares, y acercan los alimentos a la casa de la población de riesgo. Hay cartoneros y cartoneras que «ahorraban» en cartón y estas semanas le vendieron lo que les quedaba a algunas cooperativas. Sin ellas la situación sería aún peor de lo que es, dado que la cuarentena en los barrios populares tiene otros criterios metodológicos que requieren de la organización comunitaria y la solidaridad para que el pedido de distanciamiento social sea efectivo y factible de llevarse a cabo.
La situación social llevó a que los cartoneros y cartoneras organizados en cooperativas comiencen a presionar a los gobiernos para poder realizar su trabajo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permitirá que un pequeño grupo pueda juntar material sólo de supermercados y farmacias, los que deberán almacenar por 72 horas sin manipularlos, para garantizar que el coronavirus se haya desactivado. En ciudades del interior del país donde no hay casos de coronavirus el cartoneo se permite, y los sistemas de recolección y tratamiento de reciclables más o menos formales funcionan con protocolos específicos.
Esta situación excepcional de alto riesgo sanitario llegó para quedarse por al menos unos meses. La recolección de residuos reciclables deberá reacomodarse y cambiar. Tanto municipios, provincias como el gobierno nacional deberán implementar protocolos, destinar presupuesto e insumos, para reducir al máximo posible el riesgo del trabajo de los cartoneros y cartoneras. Será de gran ayuda que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación participan de la gestión cuadros políticos, técnicos y territoriales de las organizaciones de la Economía Popular. Es una oportunidad para que el Estado reconozca la actividad como esencial, la remunere como se debe, y garantice condiciones de trabajo dignas por su función social y ambiental.
Las políticas de reciclado llegaron, aunque de forma desarticulada, hace un tiempo a la Argentina, y más allá de la pandemia y cuarentena, seguirán. El ambiente y la sociedad en su conjunto lo reclaman, más ahora que el mundo paró y nos llama a una reflexión. Hay una oportunidad para generar un mejor sistema al ya existente, y es responsabilidad del Estado Nacional, las provincias y los municipios llevarlo a cabo pero con la participación y gestión de quienes tienen el saber y la fuerza: los cartoneros y las cartoneras.
*Investigadores del Centro de estudios Atenea
