Por Lucía Beatriz Blotta Cavalli e Ileana Belén Fernández Escobar
El marco del 8M nos invita a reflexionar acerca de los límites que el “techo de cristal” ejerce a la participación política femenina, y cómo se manifiesta en números cuando hablamos de acceso a los lugares jerárquicos de toma de decisión y poder en el espacio público de las mujeres. El “techo de cristal” es una construcción sociocultural que está invisibilizada, razón por la que se le dice de cristal, y ejerce fuerte presión sobre las trayectorias laborales de las mujeres.
El movimiento Ni Una Menos surgió en Argentina en junio de 2015 y puso en primera plana de la agenda mediática los reclamos contra la violencia machista en los distintos ámbitos de la sociedad, evidenciando las desigualdades de género también existentes en la arena política.
¿Cómo canalizar las demandas del colectivo feminista si las mujeres son apartadas de los lugares en donde se toman las decisiones?
El feminismo recogió sus frutos, a nivel institucional, en las leyes de Paridad. Éstas se sancionaron en varias provincias y a nivel nacional, generando mayores y mejores mecanismos de inclusión y participación política. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo no existe un mecanismo similar que invite a los dirigentes a compartir esos espacios con las dirigentas del género femenino, lo que presenta carteras en donde no hay ni una sola mujer en el organigrama. Tal es el caso del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Obras Públicas.
Un informe del Centro de Estudios Atenea realizado a partir de la publicación del Mapa del Estado a nivel nacional nos revela que de 2019 a 2020, con el cambio de la gestión de Maurio Macri (Cambiemos) a la de Alberto Fernández (Frente de Todos), se ha ampliado la presencia de mujeres en los lugares de poder. Como ilustra el cuadro, en el 2019 no se llegaba al 30 por ciento de participación femenina en ninguno de los tres niveles jerárquicos relevados: ministros 18 por ciento, secretarías ministeriales 23 por ciento y subsecretarías ministeriales 20 por ciento. En cambio, esos números tienden a crecer hacia el 2020, donde encontramos que las mujeres ocupan el 39 por ciento de las secretarías ministeriales, el 37 por ciento de las subsecretarías y el 19 por ciento de los ministerios.
Cuando analizamos el comparativo ministerio por ministerio, encontramos que en el 2020, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Turismo y Deportes cumplen con el ideal de una participación política equitativa de género. También este año hay algunas carteras que superan el 50 por ciento. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad encabezado por Sabina Andrea Frederic hoy muestra un 62 por ciento de mujeres, cuando en 2019 con Patricia Bullrich sólo presentaba el 17 por ciento. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuya ministra es María Eugenia Bielsa, hoy cuenta con un 57 por ciento de sus cargos jerárquicos ejercidos por mujeres. Mientras que en el 2019 esta función estaba dentro del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, solo el 8 por ciento era presencia femenina. Por último, el Ministerio de Educación, comandado por Nicolás Trotta en la actualidad llega al 54 por ciento, y en el 2019 el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología sólo era del 18 por ciento.
Los límites a la representación paritaria al interior de los ministerios, se encuentran en el hecho de que la representación femenina se acrecienta en temáticas que se vinculan a las políticas de cuidado reproduciendo los estereotipos de género, y disminuye en reparticiones cuyas temáticas se vinculan a lo económico y productivo.
El techo de cristal que impide el acceso de las mujeres a los lugares de toma de decisión, se hace aún más evidente cuando vemos la formación académica de aquellos que cumplen funciones en el Estado. Las mujeres que no tienen certificación académica son menos del 8 por ciento, cuando los hombres en la misma condición casi duplican ese número. La brecha se achica a medida que subimos en el nivel de formación, aproximadamente el 60 por ciento de las mujeres que acceden tienen título de grado, cuando en los varones es el 50 por ciento, y por último, con posgrados ambos géneros se encuentran alrededor del 33 por ciento.
Es válido destacar también que el aumento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión a nivel nacional se hizo efectivo en organismos descentralizados de la Administración Pública de suma trascendencia, tanto en la definición de ejes de desarrollo como la construcción de políticas públicas de nuestro país. Actualmente, las máximas autoridades del Conicet, AFIP, PAMI, INTA y AySA son mujeres. En éstas dos últimas instituciones es la primera vez en la historia que una mujer se encuentra al frente.
Asimismo, el Inadi y el recientemente creado Instituto Nacional de la Juventud son liderados por mujeres cuya presencia propiciará la ampliación, reconocimiento y ejercicio de derechos de las mujeres y diversidades en los ámbitos de desarrollo personal y laboral.
Por último, es preciso destacar la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La jerarquización de la temática en la agenda nacional tiene su correlato en los niveles provinciales y municipales, en los cuales se crearon áreas específicas que trabajarán articuladamente en la sensibilización y visibilización de las desigualdades sexo-genéricas, así como también en la creación e implementación de políticas públicas trasversales con perspectiva de género. La creación de las áreas tiene como principales objetivos la ampliación de derechos, propiciar mayor participación de las mujeres en las espacios de toma de decisión, la visibilización del trabajo no remunerado y remunerado de las mujeres y las diversidades, considerando el abordaje integral que necesitan las tareas de cuidado.
La ampliación de derechos en general y de participación política en particular de las mujeres y diversidades es una responsabilidad que debe asumirse desde el Estado y trabajar de manera articulada con las instituciones de la sociedad civil para poder hacerla efectiva.
Somos conscientes de que se ha logrado un aumento en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. También de que la normativa vigente ha propiciado mayor igualdad pero queda mucho por hacer para lograr real paridad de los géneros en los lugares donde se piensa, crea y busca construir un país que incluya todas las personas.
* Lucía Beatriz Blotta Cavalli e Ileana Belén Fernández Escobar son politólogas e investigadoras del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea.