25 Febrero 2020
Por Pablo Menéndez Portela
El comunicado del Fondo Monetario Internacional tras la reunión con el ministro Guzmán en Arabia Saudita marca el punto final al acuerdo firmado en octubre de 2018, el segundo con el organismo durante la presidencia de Macri. ¿Qué lineamientos tendría un nuevo acuerdo con el Fondo?
El comunicado, además, refiere a la continuidad de las revisiones del Artículo 4 del Convenio Constitutivo del Fondo. Esta aceptación implicará negociar “condicionalidades” que suelen negociarse con países en problemas de deuda, una realidad que la Argentina hasta hace pocos años había dejado atrás. Pero en este caso, a diferencia del acuerdo de 2018, estas metas tendrán como resultado apenas para postergar vencimientos de deuda con el organismo, y no para recibir nuevos desembolsos que permitan cancelar otras deudas.
¿Cuáles son los términos que el Fondo buscará imponer a la Argentina? En el marco de la “flexibilización” planteada en el organismo, seguramente debemos esperar un punto medio entre las típicas medidas de ajuste fiscal a las que el Fondo nos tiene acostumbrados, y la política de expansión “prudente” del gasto llevada adelante en estos meses por el presidente Fernández. Es probable que, aunque en menor medida que en los acuerdos anteriores, se insista con asegurar metas de superávit fiscal a través de algunos recortes al gasto público. Ejemplos de estas condiciones serían reducciones de presupuesto tales como nuevas rebajas a los subsidios a la energía y el transporte público, mayor reducción del salario real de los servidores públicos y menores transferencias a empresas públicas deficitarias. Asimismo, debería esperarse también un pedido respecto a mantener el freno a la obra pública que se observó durante la vigencia de los acuerdos anteriores.
Estas medidas, que el macrismo comprometió en 2018 y sobrecumplió durante 2019, llevaron a una retracción de la economía, mayor desempleo y una aceleración de la inflación cuya consecuencia fue una caída del salario real. El desafío para el presidente Fernández será, en contrapartida, evitar rebajas significativas del gasto y acordar con el Fondo en cuanto a su compromiso con el equilibrio fiscal, pero apelando a un aumento en la recaudación impositiva, como ya se puso de manifiesto en varios aspectos de la Ley de Solidaridad, y destinando recursos al crecimiento de la demanda agregada por vía de transferencias a la población de menores recursos y a sectores dinámicos de la economía. Sería esperable que el Fondo se muestre algo concesivo en estos puntos, bajo el argumento de que la ortodoxia fiscal de los acuerdos anteriores no arrojó resultados positivos.
En lo que respecta a la política monetaria posiblemente exista coincidencia entre las autoridades argentinas y el Fondo. La directora Georgieva viene dando indicios de su preocupación respecto al efecto que los movimientos bruscos de capitales tienen sobre economías de países emergentes, y la Argentina constituye el caso más evidente en la historia reciente de estos episodios. Por ello, sería esperable que el Fondo se muestre permisivo respecto a las políticas de control de capitales que Macri impuso tras su derrota en las elecciones primarias, y que el presidente Fernández parece decidido a mantener.
A pesar de esto, un punto de desencuentro podría radicar en la gestión de las tasas de interés. La baja de tasas que el Banco Central viene impulsando desde el inicio de la gestión de Miguel Ángel Pesce sirven para darle un poco de aire al golpeado sector productivo, aunque el Fondo puede cuestionar que estas entren en terreno negativo en términos reales, lo cual puede presionar el tipo de cambio paralelo e incrementar los desequilibrios macroeconómicos que presenta nuestra economía. Sería esperable, entonces, que el Fondo solicite la inclusión de un compromiso en este sentido en un futuro acuerdo.
En definitiva, será importante que el Fondo Monetario Internacional continúe dando señales de apoyo al proceso de deuda argentino, de cara al tramo que se vislumbra más duro en la negociación de deuda, que es aquel que el Estado deberá encarar con los bonistas. Será relevante que esta gestión pueda continuar dando muestras de fortaleza que den a los acreedores privados incentivos a encontrar una salida negociada, evitando una apuesta al default que traería consecuencias negativas de largo plazo para nuestro país.
