Por Tania Etulain
De los sucesos económicos y políticos recientes, dos reclaman especial atención. La semana pasada se realizó una marcha multitudinaria donde diferentes organizaciones sociales demandaron en el centro porteño políticas de urgencia para enfrentar el hambre. Ese mismo día, por la tarde el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, declaró una serie de medidas ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimiento de deuda contraída durante la gestión Cambiemos.
La salida a la calle que, según se estima, fue de más de 250 mil personas tuvo otra vez a las organizaciones sociales como las principales canalizadoras de la angustia social. No es de extrañar la concurrencia multitudinaria si se tienen presentes las últimas estimaciones del INDEC respecto a la pobreza -32% de la población- y a la falta de empleo -10%-; como así también, otras estimaciones -UCA- que nos dicen que una de cada tres chicos argentinos sufre hambre. Cifras que con las últimas corridas cambiarias y el aumento de la inflación empeorarán. Y cuando el hambre aqueja, esperar a diciembre para un futuro cambio de dirección a nivel político y económico se torna agobiante.
Muchas veces en el debate público como en las declaraciones de políticos encontramos una visión estigmatizadora de las organizaciones sociales y de sus referentes. Casi siempre se hace alusión al supuesto uso «clientelar» que hacen las organizaciones de los recursos proveídos por el Estado. El mismo día de la marcha, Miguel Ángel Pichetto calificó a los dirigentes como “gerentes de la pobreza” y a las organizaciones las adjetivó como “empresas”. Rara vez nos alientan a reflexionar sobre la productividad de las organizaciones sociales a nivel territorial, por ejemplo: cómo se organizan para conseguir dar de comer, para dar un medicamento o un trabajo. Tampoco se las valoriza como las grandes canalizadoras de conflicto ante los momentos de crisis, como el que hoy está atravesando Argentina.
A modo de ejemplo, en 2016, gracias a la lucha de las organizaciones, se creó el Salario Social Complementario (SSC), previsto en la Ley de Emergencia Social. El SSC es un complemento a los ingresos mensuales que reciben los trabajadores y las trabajadoras que generan su propio trabajo para poder subsistir. Desde su implementación, acceden a esta prestación más de 250 mil personas. El 13 de febrero las organizaciones sociales nucleadas frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social alertaban sobre la necesidad de actualizar el monto considerando que ya no es complementario sino único ingreso para muchas de las familias producto de la falta de trabajo. En la movilización del 28 de agosto, una vez más, se reclamó aumentar este complemento salarial –un 30%- . En tanto, esta prestación se regula a partir del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), por eso los dirigentes a la vez pidieron ser parte de la mesa de negociación del Consejo del Salario.
La jornada tuvo como principales reclamos la Ley de Emergencia Alimentaria, el pago del bono de dos mil pesos -otorgado a los trabajadores formales- para aquellos que se encuentran sin trabajo o que se desempeñan en la economía informal, el aumento de las jubilaciones y de las pensiones mínimas.
Momentos como los que hoy transita Argentina nos permiten reflexionar acerca de la acumulación histórica de las organizaciones como solucionadoras de problemas a nivel territorial y sobre la importancia que tienen como canalizadoras de demandas ante la crisis económica y social. Si muchas veces el debate público las quiere perfilar como desestabilizadoras, el accionar y las reflexiones de sus dirigentes desentrañan el reclamo por resolver las necesidades de los más vulnerables a través de la apertura de canales de diálogo con la gestión estatal. Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, en la manifestación decía: “Los movimientos sociales venimos dando respuesta a la crisis. En nuestros comedores garantizamos la alimentación de miles de chicos, con las cooperativas buscamos salidas ante la falta de empleo, pero sabemos que con eso no alcanza”.
El segundo suceso pasó pocas horas después. El ministro de Hacienda anunció en conferencia de prensa medidas para un posible «reperfilamiento» de los vencimientos de la deuda; sin embargo, no hizo mención alguna a la marcha del mediodía ni a sus reclamos. Si pensamos en la situación de emergencia que está viviendo el país y quiénes son los más afectados, en la conferencia se debería haber llevado tranquilidad a la sociedad promulgando la apertura del diálogo con los referentes de las organizaciones sociales.
La acumulación de la experiencia histórica de los sectores populares y las organizaciones que se han dado entienden que el caos solo les sirve a quien lo genera, por eso insisten en la necesidad de medidas urgentes para quienes más lo necesitan y la apertura de mesas de negociación, como la del Consejo del Salario, donde el Gobierno escuche sus reclamos.
A lo largo de los cuatro años de gestión Cambiemos las organizaciones vaticinaron muchas veces lo que se veían venir y sugirieron la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas. La convocatoria a la participación de las organizaciones al Consejo del Salario llegó al mediodía del 29. Sin embargo, creemos que el Gobierno llegando al fin de su mandato, y con un panorama electoral muy adverso, parece no hacerse sensible ante lo «urgente»: el hambre y la falta de empleo.
