Desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015, se abrió un nuevo escenario para las juventudes. Si bien, este sector etario representa una de las poblaciones más vulnerables desde hace ya varias décadas: así lo evidencian datos estadísticos y las largas discusiones sobre el tema, que reflejan la desigualdad que sufren los jóvenes en el mercado de trabajo, más aún, si se trata de mujeres pobres. Pero… ¿qué trae de nuevo la era Macri?
Para comenzar, estamos en presencia de un giro discursivo que tiende a profundizar lógicas meritocráticas pero también mercantiles, claro está, presentes con anterioridad en nuestra sociedad. El cambio no es sólo simbólico, acarrea también consecuencias a nivel estructural, aunque el tiempo es quien dejará traslucir sus verdaderos impactos en términos de polarización social. Ejemplos claros de estas tendencias se observan en un conjunto de políticas de educación, formación y empleo orientadas a los jóvenes.
En términos de políticas educativas, se produce en enero de este año una reconfiguración del Prog.R.Es.Ar, que acentúa sus rasgos punitivos y meritocráticos al plantear mayores obligaciones a los jóvenes. En el caso de la educación superior, el acceso al programa se efectúa una vez aprobada la mitad de la carrera, al mismo tiempo que se acompaña de incentivos económicos en base a “premios” para los mejores promedios. Paralelamente, se produce un distanciamiento respecto del proclamado enfoque de derechos, al reducirse drásticamente su nivel de cobertura.
Dentro del campo de las políticas de formación para el trabajo, estos signos de época se corresponden con un retroceso del paradigma de protección social integral. Un paso en ese aspecto es la reconfiguración que se está dando al interior de la Formación Profesional (FP). Las recientes transformaciones sólo escinden las lógicas educativas, laborales y sociales que históricamente han caracterizado a la FP en nuestro país; en lugar de propiciar una sinergia de acciones entre los diversos actores e instituciones involucrados en su desarrollo. En este sentido, se desconocen las incidencias que la FP presenta para los jóvenes, acentuando sólo una de sus lógicas: la mercantil.
Finalmente, en términos de políticas de empleo el panorama no deja de ser menos desolador con la disolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el marco de una economía que promueve la especulación financiera, la contracción del mercado de trabajo se hace sentir, nuevamente, en los jóvenes. Según datos del Monitor de Empleo Joven (SES-ATENEA), en base al primer trimestre 2018 de la EPH-INDEC, la tasa de desocupación de este sector etario (de 16 a 29 años) alcanzó a un 17,7%, llegando casi a triplicar a la de los adultos (6%). Asimismo, la tasa de empleo no registrado ha tenido tendencias en aumento afectando a la mitad de la población juvenil.
El “esfuerzo” por adquirir mayores niveles educativos no alcanza para que los jóvenes mejoren sus condiciones laborales -aún cuando las nuevas generaciones cuenten con niveles de instrucción más elevados que sus padres. En consecuencia, nos hallamos frente a un discurso de época que invoca al mérito para legitimar la desigualdad social, al mismo tiempo que apela a la austeridad, el sacrificio y el goce de la incertidumbre, en el marco de un mercado de trabajo que acentúa sus tendencias hacia la precarización, polarización y flexibilización laboral.
