Trabajo y empleo: presupuesto 2019

El presupuesto para 2019 de la reciente creada Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Nación, ve reducida su partida presupuestaria un 19% en términos reales. Es decir, tomando en cuenta la inflación proyectada por el gobierno para el año entrante, que será como mínimo el 23%, el presupuesto del área baja fuertemente.

Desde el 2016 a la fecha, lo que era el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social redujo año a año sus partidas presupuestarias. El ajuste en 2017 fue del 13%, mientras que para el corriente año fue del 4%. Estos datos resultan particularmente alarmantes en un contexto en el que aumenta el trabajo no registrado y la desocupación, afectando principalmente a los y las jóvenes.

El presupuesto es una herramienta económica del Estado que se presenta como el principal instrumento ordenador de las políticas públicas. La “Ley de Leyes” marca el enfoque de cómo los gobiernos diagraman su plan de trabajo anual, fijando la asignación de recursos a las distintas dependencias y programas. En este sentido, el detalle de las líneas presupuestarias nos permite analizar cuál será el enfoque de las políticas para el año entrante: en qué programas se decide invertir, cuales se desfinancian, etc. A grandes rasgos, el presupuesto enviado al Congreso de la Nación por el Gobierno Nacional propone un incremento del crédito destinado al Servicio de la Deuda, que aumenta casi un 50% respecto del presupuesto que había para esa finalidad en 2018. Como contracara, las partidas para Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social disminuyen todas. La caída más grande respecto a 2018 la tiene el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que supera el 50%.

Esto último no llama la atención por lo que la reducción a Secretarías constituye un punto fundamental que enmarca la pérdida de presupuesto. Respecto a la problemática del trabajo, según datos del INDEC la desocupación en el segundo trimestre de este año registra un aumento respecto al mismo período del año anterior llegando al 9,6%. En este contexto, las partidas destinadas al presupuesto del Seguro de Capacitación y Empleo se reducen en un 43%. Este programa mismo está destinado a brindar apoyo a los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran en la búsqueda activa de empleo con el fin de actualizar sus competencias y lograr la inserción laboral de calidad. A su vez, promueve la progresiva reasignación de los participantes hacia otros Programas Nacionales de Empleo. Es decir, que al discontinuar el Seguro, se reduce también la población que puede ingresar a otros programas como el de Inserción Laboral, acciones de Entrenamiento para el Trabajo, cursos de formación profesional, desarrollo de emprendimientos, entre otros.

Por otro lado, el Seguro brinda cobertura a poblaciones específicas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad social: personas privadas de la libertad, víctimas de trata, personas reconocidas oficialmente como refugiados, personas en proceso de tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas, en la fase de reinserción laboral (relevadas por el SEDRONAR), mujeres víctimas de violencia de género, entre otras. El desfinanciamiento del programa implica dejar de atender las necesidades de poblaciones que requieren un acompañamiento por parte del Estado para su inserción al mercado de trabajo.

Estos y otros recortes presupuestarios como el de Acciones de Capacitación Laboral (-22%) afectan claramente a las políticas públicas que buscan generar nuevos puestos de trabajo de calidad y sostener aquellos que se encuentran en peligro. El hecho que los programas destinados a la inclusión laboral no aumenten o reduzcan en términos reales su presupuesto, implica una disminución en la cantidad de destinatarios o el deterioro en la calidad de la prestación ofrecida.

Respecto a las políticas de empleo destinadas a la formación profesional de jóvenes, para el año entrante hay una reducción presupuestaria del 19%. En los últimos años estos programas no han recibido ningún tipo de inversión. Este dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el empleo juvenil duplica el desempleo general. Los últimos datos publicados por el INDEC correspondientes al 2do trimestre de 2018, indican que la desocupación juvenil está en ascenso, y sobretodo afecta más a las mujeres. La desocupación en mujeres jóvenes (entre 14 y 29 años) llegó al 21,5%, aumentando 2 puntos porcentuales respecto al año pasado.

En relación al trabajo no registrado, la Secretaría que tiene a su cargo el programa de Regularización del Trabajo sufre para el año que viene una disminución del 44%. Este ítem del presupuesto contiene los recursos destinados al Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que tiene como objetivo principal combatir el trabajo informal mediante la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras no registradas al Sistema de Seguridad Social. El trabajo no registrado para el segundo trimestre de 2018 fue 33,9% según datos de la EPH, superando al mismo trimestre del año pasado.

En síntesis, para el año que viene los recursos asignados a las políticas de trabajo y empleo disminuyen teniendo en cuenta la inflación estimada. Esto implica una menor intervención del Estado en el mercado de trabajo dando lugar a un mayor protagonismo de las leyes de oferta y demanda. Esta decisión va en sintonía con la reestructuración de la Administración Pública Nacional, bajando de rango al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Cabe agregar que ANSES, principal institución de la seguridad social en el país, pasa a funcionar bajo la órbita del ahora denominado, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En un mercado laboral con una alta tasa de desempleo juvenil y con más de un 30% de trabajadores y trabajadoras no registrados y registradas, las políticas de empleo deben intervenir sobre el mercado laboral para generar condiciones igualitarias en el acceso al trabajo, sobre todo en poblaciones vulnerables como los y las jóvenes. Es decir que se requiere de un Estado activo en materia de políticas de empleo y esto no es lo que se espera por parte del Gobierno Nacional para el 2019.