Desde sus orígenes, la universidad pública es, sin lugar a dudas, inclusiva. Por tal motivo, la ampliación de derechos forma parte del día a día del sistema universitario y la inclusión de la discapacidad es un tema presente en su agenda.
Bajo esa premisa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuenta con una Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) que, en su primera reunión de 2018, tuvo un encuentro sobre el “Abordaje de la Comunidad sorda en la Educación Superior” y la “Institucionalidad, organicidad y participación, como desafíos de la Educación Superior Inclusiva a 100 años de la Reforma Universitaria”.
Para el desarrollo de políticas públicas y el cumplimiento de los derechos, también es fundamental contar con información relativa al sistema universitario. Con tal fin, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) encargó un nuevo estudio al Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, Atenea, que adquiere relevancia significativa porque permite visibilizar algunas cuestiones.
El informe se centra en dos relevamientos, uno realizado por el Ministerio de Modernización y otro elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el primero, de 189 jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas y universidades nacionales, 73 informaron que existen 2.604 personas registradas con alguna discapacidad, de las cuales el 9% es personal universitario. De las 43 universidades relevadas, sólo 22 dieron información. Allí, apenas el 0,36% de los docentes presenta algún tipo de discapacidad (236 personas), y según los resultados del censo realizado por la UBA, el 1,38% (22 personas).
El porcentaje de personal universitario con discapacidad también es bajo, dado que en ninguna de las universidades relevadas supera el 1%, a excepción de la UTN que cuenta con un 4%. “En números absolutos, la UTN cuenta con 81 personas con discapacidad, seguido de la Universidad Nacional de Cuyo con 33 y la Universidad Nacional de Mar del Plata con 25 personas”, señala el trabajo.
En cuanto al tipo de discapacidad, la mayor parte del personal universitario presenta alguna dificultad motriz. De las 236 personas, 100 presentan una discapacidad motora, representando el 42% del total. En la UBA, el mayor porcentaje lo aglomera la categoría “otros”, que no está detallada en el censo, seguido de la discapacidad motriz (92 personas).
En relación a las personas con discapacidad según el género, el 40% son mujeres (95) y el 60% varones (141). De manera muy similar ocurre en el censo de la UBA, donde el 43% son mujeres (123) y el 57% son varones (162). Las únicas tres universidades donde la cantidad de mujeres supera a los varones son la Universidad Nacional de Salta con un 71%, la Universidad Nacional de Cuyo con un 55% y la Universidad Nacional de Mar del Plata con un 52%. En todas las demás, los varones superan a las mujeres.
El censo de la UBA brinda, a su vez, otro dato: del 1,3% de los docentes con discapacidades, el 35% se desempeña como profesor y el 54% como auxiliar.
Por lo expuesto, no cabe duda que aún queda mucho camino por recorrer, pero la posibilidad de contar con información concreta permite dar los primeros pasos para darle visibilidad a un tema que, en la mayoría de las veces, no se aborda en profundidad. En este sentido, la posibilidad de contar con datos concretos es un importante avance en el camino de lograr una universidad pública inclusiva en todos los niveles, tanto en lo que respecta a las condiciones de infraestructura como en el acceso de los estudiantes, los docentes y los no docentes, con alguna discapacidad, a la vida cotidiana de las casas de estudio.
