El carácter clandestino del aborto es la principal causa de la muerte materna en la Argentina. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en base a un estudio realizado por la CEPAL, anualmente entre 370.000 y 522.000 mujeres interrumpen de forma clandestina un embarazo. A esta situación debe agregarse que en el país también prevalece un alto grado de mortalidad materna que, según los últimos datos, es de 3,9 muertes por cada 10.000 nacimientos. Además, en Argentina también se observan consecuencias de la desigualdad en el acceso a la salud en provincias como Jujuy, Salta, Corrientes y Chaco, donde las mujeres tienen el doble de posibilidades de morir por complicaciones relacionadas a interrupciones voluntarias de embarazos.

Según un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher, entre los años 1990 y 2014, de 46 abortos que se realizaban en países desarrollados disminuyó a 27 por cada 1000 mujeres en edad fértil, mientras que en las naciones con menos recursos y legislación contra la interrupción voluntaria, la tasa se ha mantenido de 39 a 37 por cada 1000. Se estima que a nivel global, el 11% de las muertes maternas es por aborto mientras que en América Latina el número asciende a 13%. En Argentina, el porcentaje se encuentra por encima de la media de los países vecinos con el 20%. En cambio Uruguay desde que se sancionó la ley que legaliza la acción de abortar se logró reducir la cifra a 0%.

El aborto en Argentina no está totalmente prohibido como en otros países de la región. La ley vigente desde 1921 en nuestro código penal establece tres causales de aborto legal: en casos en los que se encuentra en riesgo la salud -física o psíquica- de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el embarazo es inviable. A pesar de estas contemplaciones, existen trabas para el acceso a este derecho de aborto legal y seguro. Originados en la falta de información, los obstáculos provienen del sistema de salud y del Poder Judicial. En cualquiera de los dos casos, se vulneran los derechos de la mujer gestante.

Desde el 28 de mayo de 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, constituye un espacio clave para la lucha. Para que se cumplan sus objetivos, en el año 2007, presentaron un proyecto de ley encabezado por distintas fuerzas y apoyado por diputados y diputadas de diferentes bloques como Silvia Ausburguer, Juliana Di Tullio, Adela Segarra y, actualmente, Victoria Donda. La meta es eliminar el aborto del Código Penal, legalizarlo por decisión de la mujer hasta la semana 14 de gestación, y que se garantice en el sistema público y privado de salud. El derecho a decidir no sólo se circunscribe a la acción de interrupción de un embarazo, sino que incluye también la posibilidad de decidir la maternidad.

Durante los últimos años el fallo F.A.L., el Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), las líneas telefónicas, y el trabajo del movimiento de mujeres y de las socorristas han sido de gran ayuda para descender el número de mujeres muertas por esta causa. Sin embargo, es necesario que se instale el debate sobre el aborto seguro en el ámbito público ya que nuclea una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social. Su penalización es una de las aristas más visibles del sistema patriarcal donde el Estado aparece sólo en su función jurídico-represiva mientras que permanece ausente en las etapas anteriores y posteriores de su salud. Esto evidencia el desconocimiento de la libertad y la autonomía de las mujeres en las decisiones que refieren a su cuerpo y capacidad reproductiva.