El informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea analiza la disputa entre los docentes y el gobierno. Un análisis con antecedentes históricos y reflexiones actuales.
Durante los años noventa través de la Ley de Transferencia (1991), el Estado Nacional transfirió a las provincias los servicios educativos disgregando así el sistema educativo nacional, afectando los salarios docentes y eximiéndose de toda la responsabilidad de fijar un salario docente mínimo común para todo el país.
El Centro de Estudios destaca que uno de los hitos de la lucha docente durante este período fue la conocida Carpa Blanca montada en abril de 1997 frente al Congreso de la Nación. Iniciada por docentes congregados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la medida tenía por objetivo el reclamo de una ley de financiamiento educativo, la derogación de la Ley Federal de Educación y la insistencia histórica de mejoras salariales y condiciones de trabajo. En 1999 la CTERA decidió levantar la medida de fuerza luego de la aprobación de una Ley de Financiamiento Educativo. Luego durante el período 2000-2003 se multiplicaron las huelgas y movilizaciones sin un eje nacional que aglutinara a la gran masa de docentes. De este modo se provincializó nuevamente el conflicto.
A partir de 2003 se configuró un discurso donde el Estado se posiciona como garante de derechos. En ese sentido, se sancionó la Ley de Garantía del Salario Docente y 180 Días de Clases, fijando un mínimo de días al ciclo lectivo anual y contemplando la asistencia financiera desde Nación a las jurisdicciones subnacionales para cancelar las deudas salariales con el personal educativo. En 2004 se sancionó la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente con la finalidad de brindar una suma fija de incremento salarial para todos los docentes de la Argentina.
Siguiendo cronológicamente el informe detalla que con la Ley de Financiamiento Educativo (año 2005), además de incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología, se creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, para equiparar las desigualdades financieras de las jurisdicciones educativas. Uno de los pilares normativos del período fue la Ley de Educación Nacional N° 26.206, sancionada en 2006, que reemplazó a la Ley Federal de Educación N° 24.195, del año 1993. La diferencia fundamental rige en que es el Estado Nacional, a través del entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien debe fijar la política educativa y controlar el cumplimiento para consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades jurisdiccionales.
Con respecto al salario, el piso nacional, de acuerdo con el artículo Nº 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, es establecido por medio de negociaciones paritarias nacionales desde el año 2008 de las cuales forman parte las cuatro organizaciones nacionales docentes (CEA, CTERA, UDA y AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP). El objetivo de la paritaria nacional no sólo es ampliar el alcance de los derechos laborales de los docentes y del derecho a la educación de la sociedad, sino también nivelar la disparidad y adecuar los salarios entre las provincias.
De acuerdo con un informe indicativo de salarios docentes realizado por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación y Deportes, el salario bruto promedio de un/a maestro/a de grado de nivel primario con diez años de antigüedad por una jornada simple de 4 horas es de $13.909, a diciembre de 2016.
El gráfico, con los salarios de cada una de las provincias, evidencia la disparidad salarial entre jurisdicciones. De acuerdo con estos datos, la provincia que posee un salario bruto más elevado es Santa Cruz ($ 23.349,65), mientras que Santiago del Estero presenta el salario bruto más bajo ($9.470,63), esto quiere decir que un/a maestro/a de Santa Cruz gana 2,5 veces más que un/a maestro/a de Santiago del Estero. Asimismo, la Cuidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Jujuy, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero se encuentran por debajo del salario bruto promedio ($13.909). Si se toma el caso de la provincia de Buenos Aires, una de las jurisdicciones centrales en el conflicto docente actual, se observa que a diciembre de 2016 el salario bruto es de $13.258.
Atenea destaca que lo que se discute en el escenario paritario no es solo el incremento salarial para el 2017 en función de la inflación proyectada para este año, sino también la recomposición salarial de acuerdo con la pérdida de poder adquisitivo que se viene acumulando desde el año anterior.
En este sentido, si se toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor de CABA, el salario bruto real de un/a maestro/a de grado de nivel primario con 10 años de antigüedad por una jornada de 4 horas en la provincia de Buenos Aires cayó un 9,3%, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor Congreso, dicho salario perdió un 8,5% para el mismo período. El promedio entre las dos mediciones arroja una pérdida de 8,9% del poder adquisitivo.
La medida de fuerza actual de los gremios docentes se centra en comenzar una discusión salarial sin el techo impuesto por las previsiones de la inflación que se desprenden de los datos del gobierno que, inicialmente, era un aumento del 18% a pagar en 3 cuotas. La demanda salarial que exigen supera el 30%, porque contempla la inflación proyectada en 2017 y el salario perdido en 2016. La negociación colectiva del año 2016, la primera llevada adelante por la Alianza Cambiemos, se desarrolló con normalidad, sin embargo, la decisión gubernamental de suprimir esta instancia en el 2017 fue el detonante del conflicto. Desde el gobierno sostienen que los acuerdos alcanzados en la paritaria nacional del año pasado rigen para el actual, por eso desestiman una nueva intervención. En este punto, es necesario tener en cuenta que la reapertura de la negociación colectiva no solo involucra cuestiones salariales, sino también aquellas referentes a condiciones de trabajo y formación docente, entre otras. Con la premisa de no tener escuelas ni docentes a cargo, el gobierno nacional se posa sobre el tranquilo argumento de la “provincialización de la educación” para justificar la no apertura de paritarias.
Además de negar la negociación a nivel nacional, el gobierno decidió recortar un 25% el Fondo Compensador (FC), una cartera que tenía la finalidad de disminuir la brecha salarial docente entre las provincias. Sumado a esto, para el 2019 se estima la eliminación del FC que dicen sería reemplazado por un aumento del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
Atenea concluye que sin un cierre definitivo para el conflicto, el gobierno parece estar en una encrucijada: ceder ante las demandas salariales plantea el costo político de asumir un error de planeamiento económico, pero también enciende las expectativas para el resto de las paritarias y no ceder es un riesgo debido al acople de otros sectores y supone una alarma a la imagen en un año particular por la instancia electoral. A su vez, no convocar a la Paritaria Nacional Docente significa pasar por alto la normativa vigente, con el consecuente debilitamiento institucional que eso conlleva.
