El Centro de Estudios destaca contradicciones, medidas y trasfondo político del nuevo habitante de la Casa Blanca.
En un informe previo, el Área de Relaciones Internacionales de Atenea publicó ciertas directrices respecto de lo esperable y posible de la nueva administración de Trump: que la división de poderes seguiría firme, salvo se produjera una situación de excepción como las que tuvieron Nixon o Bush; que la conformación del gabinete iba a ser muy dificultosa por los intereses del crisol republicano; que la política migratoria no cambiaría demasiado, tanto por la actual existencia del muro como por las masivas deportaciones de las administraciones previas -a esto se le suma el contralor de la Justicia- que sería más una cuestión mediática, utilizable mientras sucedieran otras cosas, como por ejemplo incursiones militares[1].
Aún en los primeros 100 días de mandato, se han cumplido las nominaciones y confirmaciones del gabinete, mientras que una serie de decisiones políticas han empezado a mover el avispero: restaba ver qué comportamiento tendría Donald Trump en la apertura de sesiones del Congreso norteamericano.
Lo cierto es que Trump sorprendió a la mayoría del ambiente político al realizar una apertura a tono, más moderada que cualquier discurso anterior, mostrando algunos indicadores y tranquilizando al arco republicano que continua debatiendo que tipo de relación tendrá con su Presidente.
Respecto de las medidas, la orden ejecutiva 13.765, su primera, resulta un mensaje claro de “relajamiento” y flexibilización para las Agencias Federales y empresas aseguradoras respecto del gasto y cumplimiento del Obamacare (Patient Protection and Affordable Care Act)[2], mientras que el memorando Mexico City Policy reactiva y amplifica una vieja política de Reagan que prohíbe el financiamiento global a organizaciones que asesoren y defiendan al aborto seguro -algo que Obama había retirado- finalizando sus primeros tintes conservadores con la proclamación de la “Semana Nacional de elección escolar” sponsoreada por una coalición de grupos de interés que fomentan la educación privada, online y/o hogareña.
Cumpliendo promesas de campaña, el 23 de enero Trump retiró a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP) y asentó explícitamente el futuro procedimiento de relaciones bilaterales por sobre multilaterales y regionales (también ordena la renegociación del NAFTA). Además, la orden ejecutiva del 28 de enero respecto de los “Compromisos éticos” aumenta la pena a “exoneración de por vida” a funcionarios que hagan lobby en favor de empresas extranjeras y por cinco años para cualquier otro tipo de lobby, dejando así un escape al diferenciar “cabilderos” de carrera y nuevos “entrepeneurs de políticas”.
En simultáneo, una serie de memorandos presidenciales y órdenes dan inicio al episodio “Make America Great Again”: relanzan con celeridad los proyectos Dakota Access y Keystone X-oleoductos cuestionados por impactos ambientales y vulnerabilidad de derechos de poblaciones locales- demandando la utilización de acero “made in” Estados Unidos, cambiando las prioridades y tiempo para las revisiones e informes que la Agencia de Protección Ambiental realiza para este tipo de proyecto, culminando con una revisión entera de las regulaciones sobre los manufactureros americanos en búsqueda de su “racionalización” y estímulo.
A su vez, la orden del 30 de enero dicta la “reducción reglamentaria y control de costos regulatorios” que Trump acuñó como “una adentro, dos afuera”, y busca ponerle un freno a la creación anual de nuevas reformas y leyes de cada agencia gubernamental, exigiendo que rescindan dos regulaciones existentes por cada innovación reglamentaria que fomenten. Sin embargo, el memorando presidencial de congelamiento en las contrataciones por 90 días para la planta de empleados federales marca un explícito mandato de reducción en el largo-plazo. Claro que la “Seguridad Nacional” recibe trato distinto: un llamado de revisión en 30 días de las capacidades armamentísticas-nucleares en búsqueda de su “refuerzo”, mientras se le ordena en el mismo plazo a la Secretaría de Defensa un plan estratégico para “derrotar al Estado Islámico” contemplando múltiples cambios para la administración en el frente diplomático, financiero y/o cibernético.
El 27 de enero se firma la orden ejecutiva que prohíbe durante 90 días los arribos internacionales desde Yemen, Siria, Sudan, Somalia, Libia, Irak e Irán (exceptuando las minorías cristianas)[3] en un giro radical, motivo de las masivas protestas a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
En el mismo controvertido sendero, cabe destacar las órdenes 13.767/68 que vinculan estrechamente el problema de la inmigración ilegal a la seguridad interior/seguridad pública, exigiendo la contratación de casi 10 mil nuevos oficiales de frontera, mientras insiste en la construcción del muro con México sin especificaciones sobre fuentes de financiamiento. En este caso apunta específicamente a las llamadas “ciudades santuario” -localidades con regulaciones propias afables para los migrantes- cortando sus fondos federales sumando una discrecionalidad casi ilimitada a los oficiales de migraciones para iniciar procedimientos de deportación si a su juicio representa un riesgo, este o no acusado por la Justicia.
Para finalizar este apartado, las últimas semanas vieron luz memorandos que ordenaban revisión de procedimientos para reducir crímenes violentos, crímenes efectuados a fuerzas de seguridad y “nuevas formas” de combatir a los grupos delictivos que operen dentro de los Estados Unidos, no tan pertinentes y/o exhaustivas, sino en formato de señal o mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad.
La serie de medidas ejecutivas firmadas se vio interrumpida por la salida de Flynn del Consejo de Seguridad Nacional, situación generada por la denuncia que el Washington Post señalara ante las diferentes versiones de las negociaciones del asesor presidencial con el embajador Ruso y el engaño al Ejecutivo. Esto puede ser analizado tanto como falta de experiencia, conducción y solvencia de una política exterior embrionaria y temeraria a la vez, como también un nuevo ápice de la puja al interior del republicanismo por ocupar espacios clave dentro de un ya descabezado mando en el exterior.
Todas estas medidas (sumado al activísimo físico y virtual anti-Trump) retratan una situación delicada para el debate en el Congreso americano, pero no hay que perder de vista el comportamiento económico macro, importante variable a la hora de influenciar a unos y a otros respecto del impacto y posibilidades del nuevo gobierno en funciones, como también las auto-percepciones que tenga el gobierno a partir de sondeos en la opinión pública[4].
¿Qué dice este informe? Que el plan económico de Trump es sumamente contradictorio en términos macro, que el orden de los factores si alterará el producto y que ese orden puede variar ante las rencillas comunicacionales y las partidarias. En términos breves, los estímulos tributarios de la plausible reforma afectarían mucho más a los de mayor ingreso que a los de entradas de dinero más bajas, en sintonía con la marcha atrás de la Ley Dodd-Frank y una señal de liberalización a Wall Street. En otro carril, posibles medidas para-arancelarias para importaciones y manufacturas del resto del mundo, sumado a las multas y sanciones a empresas locales ante despidos, separaría las zanahorias de los garrotes.
A su vez, no es lo mismo renegociar el NAFTA que terminarlo, respecto de los impactos en la balanza comercial o flujo de IED o bien, los beneficios para el agricultor americano. Ni que hablar del posible efecto sobre los precios generales de la economía (y en particular de los bienes de consumo).
En este tema particular, duplicar el déficit (algo que parece consensuado en las previsiones de economistas como Krugman, Stiglitz, Summers o Keen) podría llevar el crecimiento de la economía a tasas superiores al 4%, estabilizar la plaza laboral, mientras siga sustentándose el crecimiento de los bonos e instrumentos financieros, mercado de capitales integralmente vinculados a la seguridad de los ancianos y retirados en los Estados Unidos. Pero claramente, sería un motor inflacionario para cuando estuviera terminando su mandato. Tampoco es previsible el comportamiento del retorno de capitales a los Estados Unidos y el aumento del endeudamiento gubernamental en simultáneo (ante balanzas comerciales estancadas y estímulos fiscales), dado que cada dólar prestado o la presunción de dólares prestados al gobierno, puede presionar la tasa interna y provocar restricciones al endeudamiento del sector privado por efecto desplazamiento.
Entonces la cuestión para un análisis más avanzado sería ver en qué orden tomará las medidas que se propone y como hará para que estén en armonía gobierno y sector privado ante los impactos en los ingresos de los factores (capital y trabajo), las salidas sobre los gastos de consumo e inversión, la reducción de impuestos al gobierno, la presión o relajamiento de intereses sobre la deuda externa privada y la promoción de repatriación de dividendos de las multinacionales afincadas en el país.
El partido republicano, con mayoría en ambas cámaras, tendrá que elegir entre ceder ante la iniciativa de Trump y hacerlo responsable de su éxito o fracaso, o bien marcar su propia agenda de gobierno. En este escenario veremos la capacidad del presidente de condicionar la agenda política para provocar debates que tengan mayor conexión con la empleabilidad y seguridad interior, que con la gobernanza global, ejes de relieve que se disputan entre sí los recursos de la potencia. La apertura de sesiones del Congreso parece indicar un punto para el primer escenario, luego de varios inconvenientes.
Si querés acceder al informe completo, por favor solicitalo a institucional@ateneacentro.com.ar
[1] A su vez, aseveramos que su plataforma política económica local tomaría características otrora observables, respecto del Fly to Quality y el alza de tasas o bien el ajuste del gasto (exceptuando Defensa) y el estímulo fiscal a las grandes empresas; que las noticias para los países latinoamericanos, en especial para aquellos que ya poseían una desventajosa relación comercial, no iban a ser buenas.
[2] Véase “Trump Signs Executive Order To ‘Ease the Burdens of Obamacare,” disponible en NPR.com, enero 20, 2017.
[3] La orden fue objeto de acción inmediata en tres tribunales federales en las 48 horas posteriores a su firma, con el fin de proteger a las personas que quedaron atrapadas en el limbo legal cuando llegaron a los aeropuertos de los Estados Unidos.
[4] Las mediciones publicadas en estas semanas, devuelven un nada menor descenso del apoyo a la gestión por parte de sus propios votantes y una radicalización negativa del votante de Hillary superando el 80% en algunas encuestas como la de Quinnipac University.
