El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea analiza los cambios que pretende instalar el proyecto de ley. La falta de prevención en el ámbito laboral y los inconvenientes para acceder a la justicia por parte del trabajador, en discusión.
El pasado 20 de octubre, con la firma del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo que ha despertado polémica.
Este informe de Atenea considera que el principal eje del anteproyecto es el freno a la judicialización de los reclamos de los trabajadores ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales que dependen del Poder Ejecutivo. Esto genera una baja en los costos de las compañías de seguros, el despojo de la Justicia Nacional del Trabajo (delegando a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la creación de los autoseguros provinciales y municipales.
Según los especialistas del Centro de Estudios, este proceso se inicia gracias a que las compañías de seguros se ven afectadas por una “alta tasa de judicialidad” que harían inviable el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, como se ha demostrado en un informe anterior, los índices en rigor son bajos y el sistema no presenta síntomas de muerte. En el año 2015, existieron 659.041 siniestros registrados por Superintendencia de Riesgos del Trabajo y se iniciaron 106.021 juicios, esto es el 16.08% de casos judicializados. Cabe destacar que de ese número de juicios iniciados en 2015, no todos corresponden necesariamente a accidentes de trabajo ocurridos ese año, sino que también pueden referirse a accidentes surgidos desde el 2013 en adelante, que son los períodos no prescriptos y en condiciones de reclamar las indemnizaciones que corresponda.
Esto quiere decir que los casos judicializados pueden ser aún menor al 16,6% si se contemplan no solo los casos notificados en 2015, sino además aquellos registrados en 2013 (674.963) y 2014 (660.954). Tomando el número total de trabajadores que se encontraban registrados en el sistema en 2015 (9.776.994) y por los cuales las ARTs cobraban su cuota, Atenea afirma que recibieron 1 demanda por cada 92 trabajadores asegurados.
El informe también hace hincapié en que la imposición de una instancia administrativa previa obligatoria, acarrea varios problemas no solo jurídicos sino de factibilidad: no resuelve la inconstitucionalidad del sistema administrativo dictado por la Corte Suprema y dilata el acceso a la justicia de los trabajadores, obligando a realizar un trámite que ya fue declarado inconstitucional. Otro dato, que según Atenea no se puede esquivar, es que se sigue financiando el sistema por el aporte de las ARTs (1,4% del total de la recaudación), con lo cual el Estado dependerá de las aseguradoras poniendo en peligro la parcialidad de los funcionarios actuantes.
El proyecto busca reformar varios aspectos de la competencia judicial de los diferentes tribunales, lo que genera algunos inconvenientes. El primero es establecer la competencia territorial de la justicia en razón de aquella comisión médica interviniente, lo que expone la ausencia de las mismas en todas las jurisdicciones. Aun así, el Congreso Nacional no puede legislar en materia de competencia territorial en las provincias, por lo que deberá ser refrendada por cada una de ellas, ya que de otro modo correrá el riesgo de ser declarada inconstitucional en los ámbitos provinciales. El segundo cuestionamiento es que se despoja a la Justicia Nacional del Trabajo y se delega la competencia a la CABA, lugar donde no existen tribunales laborales y no se podría, como lo infiere el proyecto, acudir a un juzgado único sin la especificidad de los juzgados laborales encomendado por la Constitución Nacional.
También, gracias a la influencia de las compañías de seguros, la nueva ley pretende sacar del juego a los peritos médicos delegando las pruebas periciales al Cuerpo Médico Forense (o similar en cada jurisdicción), bajando los costos de los juicios, sin importar los tiempos para acceder a una indemnización. En la actualidad los peritos médicos son elegidos por los jueces a través de un sistema de sorteo que dota transparencia, celeridad y especificidad a la designación. Además, el Cuerpo Médico Forense es un órgano dependiente de la Corte Nacional, es decir que su infraestructura y salarios son soportados por su presupuesto que se vio limitado a dejarlo en el rol de mera opinión consultiva de excepción y logró que la pericia médica de esta entidad, quede en desuso en el fuero laboral.
Atenea vaticina que con este cambio lo que se busca es bajar los costos de las compañías, trasladando los costos al presupuesto de la Corte Nacional que goza de poca infraestructura. De esta forma se priorizarían los costos de las empresas financieras, por sobre el acceso a la justicia.
Asimismo el informe analiza que el proyecto prevé la posibilidad que las compañías de seguro soliciten devolución a las Obras Sociales de los gastos incurridos por atenciones médicas en los cuales se rechace el siniestro. Algunas estimaciones de Obras Sociales sindicales afirman que las ARTs suelen rechazar la mayoría de las patologías que presentan los trabajadores, alegando que son degenerativas o que no tienen relación con la contingencia laboral. Quizás el caso más recurrente son las hernias de disco, dolencia que las ARTS siguen refutando pese a la inclusión de dichas lesiones en el decreto 49/14. Sin embargo, como demuestra la estadística, solo un pequeño porcentaje de siniestros terminan en juicio. Así se abre una puerta para que las compañías comiencen a recuperar los gastos médicos de los estudios realizados por contingencias laborales que ellos mismos autodefinen como inculpables.
Otro de los objetivos del proyecto supone la baja del costo laboral. Se instaló el concepto de que producto de una alta tasa de judicialidad (que no es tal), se elevan los costos de los empleadores. Sin embargo, la variable que juega a la hora de una estimación es la siniestralidad, que no es más que el reclamo por el siniestro ocurrido. Entonces, la empresa solo bajaría esos costos fruto de una política de prevención que disminuya la siniestralidad, que para sumar datos, se mantiene igual a lo largo de los últimos cuatro años.
