Según una encuesta realizada en 2016, el 97% de las mujeres y mujeres trans entrevistadas sufrieron al menos una situación de acoso. El informe del Centro Atenea asegura que reducir la violencia machista con mano dura penal significa mantener intacta la asimetría de género, porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social.
En Argentina desde la masiva primera marcha del #NiUnaMenos en junio de 2015, el reclamo por los delitos por violencia machista fue tomando fuerza hasta instalarse en la agenda pública. Según los datos elaborados por el Observatorio de Femicidios, en 2016 en el país murieron 290 mujeres, un asesinato cada 30 horas y en lo que va del 2017 la cifra aumentó drásticamente a 57 femicidios en 43 días, es decir, una mujer menos cada 18 horas. Frente a los pedidos de justicia, desde el Ejecutivo se propusieron medidas orientadas a reforzar las sanciones punitivas. Entre ellas se encuentra el proyecto de ley que busca eliminar la posibilidad de que los reclusos condenados por determinados delitos (desde homicidio agravado, abuso sexual, secuestro extorsivo hasta delitos financieros, tenencia de drogas y contrabando aduanero) puedan acceder al pedido de libertad condicional y a los regímenes de semidetención. En la sesión de la Cámara Alta también se trataron otras dos iniciativas relativas a delitos por violencia de género: la inadmisibilidad de la probation y un proyecto de ley que equipara la penetración oral forzada con una violación.
Sin embargo, es pertinente analizar si penas más largas y mayor tiempo en la cárcel reducen la cantidad de femicidios. ¿Equivalen a más seguridad?
El reciente caso de Micaela García, abusada y asesinada por un hombre durante su libertad anticipada, vuelve tentador el endurecimiento de las penas, pero las estadísticas de los últimos meses plantean un escenario más complejo. Según otro informe realizado por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano perteneciente a La Casa del Encuentro, del total de 275 femicidios registrados en 2015, se terminaron suicidando 36 culpables del crimen. Esto pone el acento en la poca importancia que tiene el asesino por su propia vida. En consecuencia, una mayor condena no resulta suficiente para disuadir al que está dispuesto a matar a una mujer. Por otra parte, reducir la violencia machista a una cuestión de punibilidad significa mantener intactos los imperativos de género y de asimetría que supone la cultura patriarcal.
No alcanzan leyes para desarticular una tendencia arraigada en lo más profundo de las individualidades. La violencia contra las mujeres tiene múltiples formas y se ejerce de manera cotidiana. Una encuesta realizada por el colectivo multidisciplinario Argentina Contra la Violencia Machista realizada en 2016, muestra que el 97% de las mujeres y mujeres trans entrevistadas sufrieron al menos una situación de acoso en espacios públicos o privados, y el 71% que admitieron ser tocadas sin consentimiento, atravesaron la situación más de una vez.
Desde Atenea afirman que la clave está en desnaturalizar el sistema patriarcal. La violencia machista se resuelve con educación, derechos y cultura, a través de la intervención de un Estado presente con el diseño y la implementación de políticas públicas activas. Las políticas punitivas no dan los resultados que se proponen, porque han demostrado ser ineficientes, porque no garantizan los principios de prevención, y porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social.
